El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) rechazó este lunes 26 de junio las violaciones al derecho de propiedad en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“CALIDH ha venido observando con mucha preocupación la situación del derecho de propiedad en Nicaragua. La violación sistemática de este derecho por parte del Estado de Nicaragua se ha agravado desde la explosión de la crisis sociopolítica”, dijo a través de un comunicado el organismo argentino fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.
CALIDH sostuvo que la violación sistemática al derecho de propiedad de los nicaragüenses es contraria al derecho interno del país y del derecho internacional.
“En estricto derecho, la constitución del país protege la propiedad de los ciudadanos y extranjeros que habitan en Nicaragua y prohíbe la confiscación de bienes. Los tratados internacionales de derechos humanos son unánimes al establecer al derecho de propiedad privada como un derecho humano. Las excepciones están dadas por el interés general, tras la debida indemnización”, expuso.
“El Estado no tiene libre disposición de los bienes de los ciudadanos que están bajo su jurisdicción”, añadió.
El organismo afirmó que la confiscación de propiedades, al igual que otras violaciones de derechos humanos en curso perpetradas son parte del terrorismo de Estado que sufre la población nicaragüense desde el 18 de abril de 2018. “Todas estas manifestaciones de terror persiguen atemorizar a la mayor cantidad posible de nicaragüenses a fin de lograr su subyugación y el sometimiento a las arbitrariedades de un sistema claramente totalitario”, apuntó.
Asimismo, denunció la instrumentalización del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República y la complicidad de sus funcionarios. “Ni la ley ni los tratados internacionales le conceden atributos extraordinarios a ningún funcionario judicial para confiscar bienes de particulares o de personas jurídicas”.
CALIDH pidió de “forma urgente” a la comunidad internacional a “actuar de forma contundente con relación a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua”.
“Si bien saludamos la adopción de resoluciones que evidencian internacionalmente la compleja situación que vive el país, es necesario presionar al régimen con las herramientas disponibles en el derecho internacional”, anotó.
“A la oposición la llamamos a la unidad inaplazable, a fin de enfrentar cívica y pacíficamente y de forma pragmática estas violaciones de derechos humanos. A los afectados, recurrir ante las instancias internacionales de derechos humanos para denunciar el arrebato arbitrario de sus propiedades”, concluyó CALIDH.