La Unidad Juvenil Estudiantil (UJE) y el Observatorio para la libertad académica presentaron este martes el informe ‘Tierra arrasada, la aniquilación de la libertad académica en Nicaragua’, en el cual se señala al Estado como el “responsable directo por el impacto de estas violaciones en la vida de los ciudadanos y sus familias”.
Enrique Martínez, vocero de UJE, dijo que el objetivo de este informe ha sido “fundamentar las agresiones a la libertad académica en Nicaragua a través de la identificación de acciones en contra de su ejercicio y el impacto en la vida de las víctimas para establecer principios de responsabilidad del Estado nicaragüense durante el periodo 2018 – 2023”.
Respecto a los resultados obtenidos en el estudio se evidencian siete tipo de violaciones a la libertad académica en Nicaragua, estas son: 1) adoctrinamiento desde el pensum académico y proselitismo político; 2) partidización política de las universidades públicas; 3) asedio gubernamental a las universidades y estudiantes; 4) expulsión arbitraria de más de 150 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y eliminación de registros académicos; 5) cancelación de al menos 33 instituciones educativas; 6) despidos injustificados de al menos 74 docentes universitarios y reducción salarial como presión política; y 7) despidos de personal administrativo arbitrarios en universidades tras la cancelación y ocupación de recintos.
Según Martínez, estas violaciones han tenido graves consecuencias psicosociales en las personas que han sufrido directamente estos atropellos, entre ellas: “cambios de humor, ansiedad, represión, ataques de pánico, ansiedad, dolores de cabeza constantes, intentos suicidas, insomnio, entre otros padecimientos”.
Tanto para UJE como para el Observatorio para la libertad académica, la responsabilidad del Estado de Nicaragua en estas afectaciones a la educación del país es evidente en los hallazgos del estudio aún cuando el mismo “ha negado su participación en las violaciones, obstaculizado las investigaciones y restringido las libertades fundamentales, incumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos”.
RECOMENDACIONES AL ESTADO
El informe presenta con una serie de recomendaciones hacia el Estado de Nicaragua que inician con “la implementación de un programa de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo asistencia médica, educación y apoyo psicológico”, y cierran con el “establecimiento de mecanismos de monitoreo continuo de la situación de derechos humanos en Nicaragua”.
“Estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad y el Estado tiene la obligación de cesarlas, investigar y sancionar a los responsables, liberar a los presos políticos y reparar a las víctimas. Además, el Estado es considerado responsable directo por el impacto de estas violaciones en la vida de los ciudadanos y sus familias”, destacó el vocero de UJE.
El informe recogió los testimonios de la comunidad universitaria víctima de transgresiones entre 2018 y 2023, y la metodología utilizada fue cualitativa con un enfoque fenomenológico.