El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una nueva iniciativa llamada “Ley General de Telecomunicaciones Convergentes”, con la que pretende controlar las telecomunicaciones en Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (TELCOR).
La iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, sustituirá la Ley 200, Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales; y tendrá como objeto “normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y desarrollo el sector de las telecomunicaciones”.
También establecerá “las disposiciones para la planeación, administración, supervisión, control y gestión del uso y aprovechamiento de los recursos públicos del espectro radioeléctrico, recursos orbitales y recursos públicos de numeración”.
El documento enviado por Ortega a Gustavo Porras, señala que TELCOR establecerá “medidas de restricción y prohibiciones a la internación de determinados equipos de telecomunicaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional y/o los intereses de la república de Nicaragua, conforme a la legislación nacional, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y demás acuerdos emanados de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”
“TELCOR mantendrá disponible a los interesados un registro o base de datos de los equipos de telecomunicaciones cuya internación al país está sujeta a restricción o prohibición”, reza el documento.
TELCOR podrá intervenir en la elaboración de los contratos, fiscalización de tarifas por los servicios ofertados, además, las empresas u operadores deberán permitir el acceso a los funcionarios de la institución para la realización de inspecciones técnicas, financieras o contables.
TELCOR podrá prohibir el uso o retirar los equipos de telecomunicaciones cuyo uso o características técnicas, no cumplan con las disposiciones de la presente ley y demás normativas establecidas, pudiendo para tal fin auxiliarse de las fuerzas públicas.
Asimismo, obliga a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales e internet a suministrar toda la información solicitada, entre estadística, geofísica y de los clientes.
La nueva iniciativa de ley también obliga a los operadores y proveedores de servicios a transmitir los discursos públicos de Daniel Ortega o cualquier otro acto político del sandinismo.