La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a los cancilleres de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), una nueva terna de candidatas para ocupar el cargo de Secretaría General de dicho organismo regional.

El documento firmado por el orteguista Valdrack Jaentschke Whitaker en su cargo de “canciller” anuncia a tres funcionarias de la dictadura sancionadas internacionalmente por su participación en violaciones flagrantes a los derechos humanos en Nicaragua.

Las candidatas son: Arling Patricia Alonso Gómez, María Amelia Coronel Kinloch y Sonia Castro González.

Con esta nueva terna, la dictadura también da por retirada la primera que presentó el 16 de noviembre de 2023 y en la cual figuraba el propio Valdrack Jaentschke Whitaker, quien fue rechazado por la mayoría de los países del SICA.

Las candidatas y sus antecedentes

Arling Patricia Alonso Gómez, es una diputada de facto y médico de profesión. Su trayectoria de doce años en la Asamblea Nacional se ha caracterizado por una sumisión total al régimen, lo que le ha asegurado un puesto en la Junta Directiva del Parlamento.

Alonso está sancionada por Estados Unidos bajo la “Lista Engel” por su participación en actos de corrupción y antidemocráticos. Además, su historial como legisladora la vincula directamente con la aprobación de leyes que despojan de la nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses, un acto calificado como una violación de derechos humanos por organismos internacionales.

María Amelia Coronel Kinloch, actual Ministra del Interior, ha sido clave en la maquinaria represiva del régimen. Su papel como ejecutora de confiscaciones, la cancelación de personerías jurídicas de ONG y su control sobre las prisiones donde se han cometido torturas a presos políticos, la posiciona como una de las figuras más infames del régimen. Además, ha facilitado el exilio forzado de miles de nicaragüenses al negarles servicios consulares y confiscar sus pasaportes, lo que ha resultado en una diáspora masiva y en la separación de familias.

Bajo su gestión en el Ministerio del Interior, la Dirección de Migración y Extranjería se ha convertido en una pieza clave de un lucrativo esquema de trata de personas. Este esquema, que permite el tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos mediante el cobro de sobornos, no solo perpetúa la explotación humana, sino que ha ensanchado las arcas del régimen a costa del sufrimiento de miles de nicaragüenses.

Sonia Castro González, asesora presidencial para asuntos de salud y exministra de Salud, sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Castro es señalada por ordenar la negación de atención médica a los manifestantes heridos durante las protestas de 2018, un acto de inhumanidad que tuvo consecuencias trágicas, como la muerte del adolescente Álvaro Conrado, a quien le fue denegada la asistencia médica tras recibir un disparo en el cuello de un francotirador policial.

Su responsabilidad en estos crímenes la ha colocado en la mira de la justicia internacional, y su inclusión en esta terna subraya la indiferencia del régimen hacia los estándares mínimos de derechos humanos.