El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este miércoles 6 de noviembre, su informe titulado ‘Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario’, en el cual acusa a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de “eliminar la autonomía universitaria y la libertad académica” en Nicaragua.

El Grupo de Expertos apunta en el informe que más de 37.000 estudiantes universitarios habrían sido directamente afectados por el cierre de universidades o centros de educación técnica y superior en el país.

El informe señala que las violaciones y abusos graves a los antes mencionados “forman parte de una arremetida más amplia del Gobierno contra las universidades y su autonomía, lo cual refleja su intención de controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma”.

“Al cierre de este documento, el sector universitario de Nicaragua no contaba con instituciones independientes. Esta situación ha eliminado la autonomía universitaria y la libertad académica”, apunta.

Para la elaboración del documento, el Grupo de Expertos entrevistó a 130 personas (78 hombres y 52 mujeres) afectadas directa e indirectamente por pertenecer al sector académico, incluyendo a personas académicas e investigadoras y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Las entrevistas tuvieron lugar tanto a distancia como durante tres misiones sobre el terreno. El Grupo también examinó cientos de fuentes secundarias, incluso documentos oficiales, documentos confidenciales, videos, fotos e información de fuentes abiertas, para corroborar y contextualizar la información recopilada. El Grupo evaluó dichas fuentes rigurosamente para establecer su fiabilidad.

“Si bien es cierto que este umbral es inferior al necesario para establecer la responsabilidad en un proceso penal, es suficiente para justificar el inicio de investigaciones penales”, afirmó.

Violaciones del derecho a la educación

Entre las violaciones del derecho a la educación el GHREN menciona el desmantelamiento de la autonomía universitaria y el cierre de universidades, las expulsiones de las universidades, el proselitismo y control político dentro de las universidades, la imposibilidad de obtener títulos o apostillados o de continuar sus estudios y el caso de la Universidad Centroamericana (UCA) confiscada por la dictadura en 2023.

El documento señala que la estrategia del régimen Ortega-Murillo para controlar las universidades y los centros de educación superior ha sido implementada progresivamente a través de distintos actos que incluyeron, entre otros, la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas, reformas legislativas y el control institucional y político de las instituciones del subsistema de educación superior, especialmente el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.

El Grupo de Expertos determinó que, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, el Estado de Nicaragua había cancelado la personalidad jurídica de al menos 37 universidades e instituciones de educación superior, nacionales e internacionales y laicas y religiosas.

“La cancelación de la personalidad jurídica de las universidades fue seguida de la confiscación de sus cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles”, dice el informe.

“El control institucional sobre las universidades culminó con la adopción de la Ley núm. 1176 el 30 de noviembre de 2023, la cual estableció que las universidades estatales, comunitarias e interculturales tendrán como órgano de gobierno un consejo de dirección integrado por personas nombradas directamente por el Consejo Nacional de Universidades. Esta reforma abrió las puertas al control partidario de los consejos de dirección, acrecentando asimismo el control del Gobierno sobre las universidades”, expone el informe.

El Grupo de Expertos concluyó que “la cancelación arbitraria y masiva de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas en Nicaragua constituyó una herramienta y un patrón de represión y control destinada a acallar las voces, el pensamiento y el debate críticos de los y las estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario”.

“El Estado de Nicaragua ha violado la autonomía universitaria y el derecho de los estudiantes a la educación, consagrados en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, afirma.

El Grupo de Expertos también señala que “el Estado de Nicaragua ha violado de manera sistemática los derechos de las y los estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario a la libertad de consciencia y pensamiento, la libertad de opinión y expresión y la libertad de asociación, consagrados en los artículos 18, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Asimismo, indican que entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra de estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario, opositores o percibidos como tales, objeto de este documento de sesión, se encuentran el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación y la persecución por motivos políticos.

Estado de Nicaragua debe rendir cuentas

El Grupo de Expertos considera en su informe que “el Estado de Nicaragua debe rendir cuentas por las violaciones y abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y por las violaciones del derecho internacional descritos y examinados en el presente documento”.

En ese sentido, acusa a Ortega, a Murillo, funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles, de haber participado “en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de estudiantes y docentes, incluidas violaciones de los derechos a la vida, a la libertad e integridad personal, a no ser sometidos a torturas y tratos crueles, a no ser privados arbitrariamente de la nacionalidad y a la libre circulación, a la educación, a la participación en la vida pública y a las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, entre otras”.