El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) envió una carta formal al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para denunciar la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, específicamente relacionados con el delito de encarcelación y privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales del derecho internacional.

La carta, detalla que desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua ha sido escenario de una ola de represión estatal sin precedentes, impulsada por el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, además de otros funcionarios cercanos a la pareja.

“Los máximos responsables son Daniel Ortega, presidente de la república; Rosario Murillo, vicepresidenta; Aminta Granera, exdirectora de la policía; Francisco Díaz, director de la policía; Ramón Avellán, subdirector general de la policía; María Amelia Coronel, ministra del Interior; Néstor Moncada Lau, ministros asesor para temas de seguridad: Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Rothschuh, exmagistrado presidente de la Sala Penal del II Tribunal de Apelaciones de Managua, entre otros”, reza la carta.

CALIDH, indica que el ataque generalizado y sistemático contra la población nicaragüense ha incluido no solo ejecuciones extrajudiciales y la detención de más de 2,000 personas; sino también, una persecución política que ha llevado a la detención arbitraria de opositores al régimen, quienes han sido sometidos a condiciones inhumanas de detención.

La organización resalta que al menos 45 personas permanecen encarceladas en Nicaragua como presos políticos, sometidos a torturas físicas y psicológicas, violando de manera flagrante los derechos humanos.

La carta menciona que, aunque Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma de la CPI, los crímenes cometidos por Ortega, Murillo y altos funcionarios podrían ser considerados bajo el principio de jurisdicción universal, dado que hay procesos en curso en otros países, como Argentina, que activan esta jurisdicción.

“Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero confía que en el futuro transicional democrático el tratado sea ratificado, entregados y juzgados los perpetradores. Actualmente, en Argentina se sustancia un proceso que activa la jurisdicción universal de la cual la Corte es parte, proceso del que se espera que las víctimas sean escuchadas prontamente por un tribunal independiente e imparcial”, apunta.

CALIDH menciona el caso del preso político Fanor Alejandro Ramos, un ex miembro de la Policía, quien fue detenido en 2019 tras negarse a participar en actividades paramilitares y fue sometido a brutales torturas.

CALIDH adjuntó al comunicado el expediente de Ramos, que está siendo tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como uno de los numerosos casos documentados de tortura y detención arbitraria.

Además de solicitar que se tomen medidas para investigar y sancionar a los responsables, CALIDH instó a la CPI a considerar el caso de Nicaragua en su agenda, y a emplear todos los mecanismos posibles del derecho internacional para acercar a los perpetradores ante la justicia.

“Pido a su excelencia tome nota de la situación de los presos políticos en Nicaragua, así como el seguimiento de la perpetración este crimen de lesa humanidad por su oficina y la consideración permanente en su agenda de todos los mecanismos posibles que ofrece el derecho internacional para acercar a los responsables ante la Corte”, solicita el Dr. Jorge Alejandro Mamani, presidente de CALIDH.

En su misiva, CALIDH también subraya la importancia de que en el futuro, con un proceso de transición democrática en Nicaragua, el país ratifique el Estatuto de Roma y coopere con la Corte Penal Internacional.