La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó su rechazo a la reforma constitucional propuesta por los dictadores de Nicaragua, con la que pretenden “una reforma total al orden jurídico y político de Nicaragua que quiere elevar a rango constitucional el Estado-Familia, en donde el centro del poder esté concentrado en Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

La UNAB alertó sobre los graves peligros que esta reforma supone para la ciudadanía nicaragüense y para la comunidad internacional. Uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la eliminación de derechos fundamentales básicos, que afectan a la población en su conjunto.

Entre estos derechos eliminados se encuentran:

• El derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación.
• El derecho al debido proceso legal, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
• El respeto por los derechos humanos dentro del territorio nacional.
• El derecho a la libre organización, tanto en asociaciones, partidos políticos y sindicatos.
• La eliminación del juicio por jurado y del derecho de petición ante las autoridades.
• Restricciones a la libertad de información, expresión, reunión y movilización, así como la libertad religiosa y el derecho a constituir una familia.
• La suspensión de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño.

Desmantelamiento del Estado democrático

La UNAB señala que otro aspecto alarmante de esta reforma es la propuesta de eliminar el Estado democrático y social de derecho como pilar fundamental de la nación, reemplazándolo por un “Estado revolucionario” de corte totalitario.

Bajo esta reforma, la bandera del partido de Ortega se elevaría al rango de “símbolo patrio”, una clara señal de la fusión entre el partido, la familia y el Estado, apunta la UNAB.

La reforma también plantea la subordinación total de las fuerzas armadas y la policía al poder familiar de Ortega y Murillo, convirtiendo a estos cuerpos de seguridad en meros brazos represivos del régimen.

“Esto se suma a la creación de la policía voluntaria que hará las veces de fuerza armada irregular. Ambas decisiones constituyen un grave peligro para la seguridad nacional y los revela plenamente como aparatos represivos contra la ciudadanía”, indicó la UNAB.

Sucesión dinástica y nepotismo institucionalizado

La organización también rechaza la instauración de la sucesión dinástica, al crear la figura de “co-presidentes” con poderes amplios para controlar el Estado.

“El régimen Ortega-Murillo instrumentaliza la Constitución para dar paso a la sucesión política dinástica al crear la figura de co-presidentes con amplio poder para controlar todo el Estado, como si de una monarquía se tratase. De hecho, disuelven todos los poderes públicos y los convierten en órganos sin independencia, subordinados a la Presidencia”, anotó.

La reforma también institucionaliza el nepotismo al eliminar las restricciones sobre los nombramientos en el Estado, permitiendo que los funcionarios públicos puedan ser designados si tienen vínculos de parentesco con la autoridad superior.

“Asimismo, aumentan a seis años el período presidencial, y abren la posibilidad de que cualquiera de sus hijos pueda ser candidato presidencial, o designados vicepresidentes al eliminar el impedimento del parentesco para esos cargos”, criticó.

Ataque a la autonomía municipal y regional

La reforma también atenta contra la autonomía municipal, limitando la capacidad de los municipios para autodeterminarse y tomar decisiones de manera independiente a través de sus consejos municipales.

Esto incluye la autonomía de la Costa Caribe, una región que históricamente ha sido defendida como un espacio de autogobierno, pero que ahora queda subordinada al control centralista de Ortega y Murillo.

“La dictadura elimina la autonomía municipal, perdiendo los municipios la capacidad de auto-determinarse y tomar sus propias decisiones por medio de la deliberación de los consejos y cabildos municipales, conculcando de esta manera los mecanismos de participación ciudadana. Igual hacen con la autonomía de la Costa Caribe”, indicó.

La UNAB alertó que estas reformas no solo son un atentado contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses, sino que también consolidan un modelo totalitario, familiarista y dinástico que pone en riesgo el futuro democrático y soberano de Nicaragua.

“Estas reformas lesionan gravemente los derechos de la ciudadanía nicaragüense e institucionalizan el modelo totalitario, sultánico y familiar. A esto se suma la iniciativa de ley que busca evadir las sanciones a los violadores de derechos humanos que ponen en grave riesgo al Sistema Financiero Nacional que puede terminar aislado de las relaciones económicas globales con efectos altamente perjudiciales para la población nicaragüense, lo cual solo se le puede imputar a los dictadores Ortega y Murillo”, concluyó la UNAB.