Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), expresó su rechazo a la reciente reforma a la ‘Ley General de Migración y Extranjería de Nicaragua’ (Ley 761), aprobada el jueves 28 de noviembre en la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega.

Según Martínez, la reforma no solo restringe la movilidad de los nicaragüenses, sino que se configura como un “secuestro” de la ciudadanía, estableciendo un control absoluto sobre quienes pueden entrar y salir del país.

Martínez, dijo a La Mesa Redonda que esta reforma es una extensión de las políticas autoritarias del régimen, que busca establecer un control militarizado de las fronteras y limitar aún más los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Prácticamente es el secuestro de toda la ciudadanía del país y de toda persona que quiera vivir en Nicaragua. A su vez va a ser un ‘muro de contención’ de la migración irregular de otros países, lo que va a afectar las múltiples caravanas de migrantes que van saliendo desde el cono sur de América hacia Estados Unidos”, denunció Martínez.

“La restricción de la migración va a ser más brutal de lo que ya de por sí es. Porque van a tener el control de quién sale y quién entra del país y van a dar permiso prácticamente de quién sale y quién tiene permiso para entrar al país”, añadió.

“Tienen permiso para matarte”

El activista destacó que, además de las restricciones migratorias, la reforma también modifica el Código Penal para permitir el uso de la fuerza letal contra aquellos que intenten cruzar ilegalmente las fronteras.

“También se aprobó una reforma al Código Penal, en el que se permite utilizar armas de fuego, y abrir fuego en contra de todas aquellas personas que crucen la frontera (…) si salís del país (de forma irregular) te van a matar. Tienen permiso para matarte”, alertó.

De acuerdo con Martínez, noviembre ha sido el mes de la “norcoreanización” de Nicaragua.

“¿A qué me refiero? Aprueban una serie de paquetes de ley violatorios a derechos humanos, restrictivos, punitivos, directos, en el sentido de que sancionan con cárcel, sancionan con penas graves por acciones que son comunes, de que prácticamente van a controlar quién sale y quién entra del país”, añadió Martínez, haciendo una analogía con el famoso muro de Berlín y la Corea del Norte de Kim Jong-un, donde escapar del país es considerado un crimen capital.

Afectación para la reunificación familiar en esta Navidad

Además, Martínez señaló que la reforma agrava aún más la situación de las comunidades nicaragüenses que tienen familiares en otros países y que esperaba reunificarse en esta época de Navidad.

“Se da esta situación en un contexto en el que estamos próximos a Navidad,  próximos a eventos de reunificación familiar, creo yo que es un crimen de impedimento, incluso de la reunificación familiar de la comunidad nicaragüense para con Costa Rica como para con otros países. Y también genera un cerco fronterizo más respectivo al intercambio cultural y el intercambio social, comercial, económico  que tienen las comunidades del Caribe nicaragüense con el Caribe de Honduras, del Caribe norte nicaragüense con el Caribe de Honduras”, expuso.

Martínez aseguró que habrá una “afectación bastante grave a la reunificación familiar de esta Navidad. Mucha gente va a estar impedida de poder tener una Navidad en familia  y va a obligar a documentarse”.

Control total de la ciudadanía

Otro de los aspectos que más preocupa a Martínez es el control social y político que la reforma otorga al régimen. Según el activista, la reforma no solo pone en peligro el derecho de las personas a migrar, sino que también intensifica el control sobre la población que permanece dentro del país.

“Al tener la opción de dar permiso, también tienen control de toda la ciudadanía que está dentro del territorio, para manejarles un control total absoluto de la ciudadanía”, indicó.

Martínez destacó que, además del control sobre la migración, el aumento en el costo de la renovación del pasaporte a 100 dólares también podría considerarse como una medida para “secuestrar” aún más a la población, limitando la capacidad de muchos de salir del país debido a la alta tarifa.

“Justo hoy acaban de subir a 100 dólares la renovación del documento de pasaporte del nicaragüense, entonces es prácticamente tener secuestrado a todo el país y controlar a quienes tienen secuestrados y a quien entre. La migración se va a restringir, mucha gente va a intentar salir ahora”, auguró.

Situación de riesgo para los opositores

Martínez también advirtió sobre los riesgos para los opositores al régimen. En su opinión, el control estricto sobre la migración, sumado a los expedientes políticos abiertos por la dictadura, podría poner en peligro a aquellos que son percibidos como disidentes.

“El partido de gobierno considera disidente a toda aquella persona que no sea militante sandinista, solo por percepción”, aseveró Martínez.

El presidente de ASIDEHU instó a los nicaragüenses a actuar con precaución y, si es posible, a salir del país de forma regular antes de que la reforma sea aplicada de manera más estricta.

“Antes de que se implemente la ley, lo ideal es que las personas que deseen salir pues lo hagan, antes de que empiecen a aplicar esta ley de la forma expedita, inmediata. Es riesgoso, sí, pero la cosa se va a poner cada vez peor y si tienen la oportunidad de viajar lo mejor es que lo hagan. Lo ideal es que la persona salga con visa, que la persona salga de forma regular para evitar correr el riesgo de que le disparen, que les maten, porque prácticamente eso es lo que acaban de decir con la aprobación de esta ley, tienen permiso para matar”, dijo.

“Claro, van a estar sometidas a un control bastante rígido, riguroso, un control policial bastante fuerte en el que les van a revisar hasta el alma prácticamente, que les van a revisar sus expedientes policiales, sus expedientes políticos, lo recomendable es que se vayan de la forma regular por el riesgo que corren”, concluyó.

La reforma migratoria

La Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería; y de adición al Código Penal de la República de Nicaragua, que modifica 47 artículos, fue enviada por el dictador Daniel Ortega, y presentada en el pleno el martes de esta semana al Legislativo, que la aprobó de forma unánime en la sesión de este jueves.

La reforma legaliza los destierros, las negativas de entrada o salida de nicaragüenses y residentes extranjeros que representen un “riesgo social” o que puedan “menoscabar la soberanía nacional”.

Según la reforma, Migración notificará “a las empresas de transporte internacional terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y lacustres la prohibición de trasladar al territorio nacional a personas que su ingreso no esté autorizado o tenga restricción migratorias bajo apercibimiento de asumir los costos de retorno al lugar de origen o de procedencia».

Prohibir el retorno al país a connacionales es una práctica que venía ejecutando de forma discrecional el régimen en los últimos años.

La reforma contempla, además, en el artículo 64, la pérdida de nacionalidad adquirida en casos de ciudadanos condenados por “actos de traición, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional”.

Migración podrá también solicitar la expulsión de personas no residentes, residentes temporales o permanentes en caso de que estos “realicen actividades que violenten la Constitución de Nicaragua” que hayan sido condenadas por “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”, o por “fomentar e instigar a la realización de actividades de desestabilizar políticamente el país”, entre otros.

Por otro lado, la reforma creó una multa por 1.000 dólares por “evasión de control fronterizo con fines ilícitos” no especificados, y eleva en el costo de emisión de pasaportes en caso de pérdida de 5,74 dólares a 100 dólares.