Los orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles artículos de una ilegítima reforma a la Constitución Política que autoriza al Estado a poder otorgar concesiones para la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua.
La enmienda constitucional, propuesta por el dictador Daniel Ortega, y aprobada de manera unánime en segunda y definitiva votación, establece que “el Estado podrá otorgar concesiones para la construcción y explotación de un canal interoceánico”, y que las leyes de la materia regularán las condiciones.
Para su aprobación, reforma o derogación de un proyecto canalero, se requerirá del voto del 60 % del total de los 91 diputados que integran el Parlamento de Nicaragua, controlado por el orteguismo.
La reforma también establece que “los recursos naturales son patrimonio nacional y objetivos de la seguridad soberana, la preservación y conservación del medio ambiente”, y que “el desarrollo y explotación de los recursos naturales corresponden al Estado, que podrá celebrar contratos de explotación racional de los recursos naturales”.
Además, señala que el Estado promoverá y facilitará las inversiones nacionales y extranjeras “sin detrimento de la soberanía nacional y de los derechos de los trabajadores”.
El pasado 18 de noviembre, Ortega ofreció a China el proyecto de construir un canal interoceánico por el país centroamericano, esta vez con una nueva ruta en la que, en vez de atravesar el Gran Lago o Lago Cocibolca, pasaría por el lago Xolotlán o de Managua.
La nueva ruta partiría de un puerto que se construiría en Bluefields, la principal ciudad de la Región Autónoma del Caribe Sur, pasaría por la parte central de Nicaragua, por el lago Xolotlán, y saldría por el puerto Corinto, en el Pacífico.
Según Ortega, el nuevo proyecto tendría una ruta más larga que la presentada anteriormente y abarcaría unos 445 kilómetros de largo, con un ancho de entre 290 y 540 metros y una profundidad de 27 metros.
Para su funcionamiento se necesitaría la construcción de dos esclusas, una en el Caribe y otra en el Pacífico, así como la creación de un lago artificial que se llamaría El escondido.
Ortega presentó la nueva ruta de ese proyecto el mismo día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Nicaragua por violar diversos derechos de los pueblos indígenas en el marco del proyecto de canal interoceánico que sería desarrollado por una empresa china, del cual no realizó una consulta previa a las comunidades ni estudios ambientales.
En mayo de 2024, después de 12 años, el régimen revocó la concesión para construir un canal por el país a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, del polémico inversionista chino Wang Jing, que incluiría dos puertos, entre ellos el de Bluefields.