La Corte Suprema dijo el lunes que permitirá a la administración Trump poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal que protege a aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos de la amenaza de deportación mientras continúan los procedimientos legales sobre la medida.
El Tribunal Supremo accedió a la solicitud del gobierno de levantar temporalmente la orden judicial de un tribunal inferior que impedía la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La jueza Ketanji Brown Jackson declaró que denegaría la solicitud del gobierno de ayuda de emergencia.
Noem canceló la designación —que había sido extendida por la administración Biden— en febrero, una medida que habría allanado el camino para que los venezolanos perdieran sus permisos de trabajo emitidos por el gobierno y las protecciones contra la deportación el 7 de abril.
Sin embargo, un juez federal de California bloqueó la acción a finales de marzo y declaró que su decisión de cancelar el programa TPS para los migrantes venezolanos parecía estar “basada en estereotipos negativos” y podría haber estado motivada por una animadversión inconstitucional.
Un tribunal federal de apelaciones se negó a brindar ayuda de emergencia a la administración Trump y pausar la orden del tribunal de distrito, lo que llevó a la administración Trump a buscar la intervención de la Corte Suprema.
“Mientras la orden esté vigente, la secretaria debe permitir que cientos de miles de ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su determinación razonada de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional’”, escribió el Procurador General, D. John Sauer, en la apelación de emergencia de la administración ante el Tribunal Supremo.
En 1990, el Congreso creó el programa que permite al gobierno federal brindar protección migratoria temporal a migrantes provenientes de países en guerra, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias y temporales que hacen peligroso el envío de deportados. El programa permite a los beneficiarios solicitar permisos de trabajo renovables y aplazamientos de deportación.
Durante el gobierno de Biden, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó a Venezuela para el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), alegando condiciones “extraordinarias y temporales” que impedían a los venezolanos en Estados Unidos regresar a su país de origen. Mayorkas extendió la designación, que duraría 18 meses, en octubre de 2023.
Además de designar a Venezuela para el TPS, la administración Biden también creó o amplió programas para Afganistán, Camerún, Haití y Ucrania. El programa venezolano es el más grande y cubre a aproximadamente 600.000 personas mediante dos designaciones distintas, aunque solo la designación de 2023 está en disputa en el caso ante la Corte Suprema.
Tras la toma de posesión de Trump para su segundo mandato, Noem anuló la extensión para más de 350.000 venezolanos, considerando que era “contrario al interés nacional” continuar con el programa. La terminación debía entrar en vigor el 7 de abril. El gobierno de Trump también revocará las protecciones del TPS para decenas de miles de haitianos, medida que entrará en vigor en agosto.
Los beneficiarios del TPS y la Alianza Nacional TPS presentaron una demanda en febrero impugnando la decisión de Noem de poner fin a las protecciones para los venezolanos, y el juez de distrito estadounidense Edward Chen falló a su favor, impidiendo que la decisión de terminación de Noem entre en vigor en todo el país.
El 15 de mayo, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre la solicitud de la administración Trump de limitar las órdenes judiciales a nivel nacional que bloquean la aplicación de una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
*CBS News