La reconocida empresa nicaragüense Joya de Nicaragua S.A., exportadora de puros premium, desmintió este martes el supuesto cierre o paralización de sus operaciones, asegurando que continúa funcionando con normalidad y cumpliendo con sus obligaciones legales en Nicaragua.
En un comunicado la empresa calificó como “obsoletos e inexactos” los datos difundidos recientemente sobre su situación financiera y legal, en relación con un presunto embargo preventivo ordenado por el sistema judicial del régimen Ortega-Murillo.
“Los informes recientes sobre el estado de Joya de Nicaragua se basan en datos obsoletos e información inexacta. Deseamos aclarar que Joya de Nicaragua S.A. se mantiene en pleno funcionamiento, produciendo cigarros de clase mundial y sirviendo a nuestros clientes en todo el mundo”, expresó la empresa.
“Joya de Nicaragua rechaza firmemente cualquier intento de difundir irresponsablemente la confusión o miedo”, agregó.
La empresa insistió en que está comprometida con el cumplimiento de los requisitos regulatorios y que regularmente se somete a auditorías y procesos administrativos estándar “que se abordan con éxito a través de los canales institucionales apropiados”.
Sin embargo, no aclara si la supuesta deuda ha sido saldada o renegociada.
Embargo judicial por millonaria deuda fiscal
El comunicado surge días después de que se informara que el Juzgado Quinto Distrito Civil de Managua había ordenado un embargo preventivo contra la empresa, a solicitud de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), por supuestas irregularidades detectadas en una auditoría fiscal de 2022.
Según el expediente judicial 000325-ORM4-2024-CO, la auditoría determinó que Joya de Nicaragua habría incurrido en “uso indebido del régimen de zona franca”, “mercancías sin declarar” y “destino indebido de mercancías ilegales”, lo que derivó en una deuda superior a los 15 millones de dólares.
Como medida cautelar, la justicia orteguista ordenó el embargo de un inmueble en Estelí y de cuentas bancarias en los bancos BDF, BAC y Lafise, según precisó el medio Artículo 66.
Vínculos políticos del fundador
La situación de la empresa ha sido vista también en clave política. Su propietario, el economista Alejandro Martínez Cuenca, fue ministro de comercio exterior durante el primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80, y ocupó cargos relevantes en su regreso al poder en 2007.
Sin embargo, posteriormente rompió políticamente con el régimen y buscó sin éxito disputarle la candidatura presidencial dentro del FSLN en 2001 y 2006.
Este trasfondo alimenta las suspicacias sobre si el supuesto embargo responde únicamente a razones fiscales o si forma parte de una tendencia del régimen de utilizar herramientas legales para presionar o debilitar a sectores económicos no alineados con el orteguismo.