El Banco LAFISE Bancentro y la Procuraduría General de la República (PGR) se enfrentan en el Juzgado Tercero Distrito Civil Oral de León (expediente 000013-0489-2025-CO) por la titularidad de una vivienda en el Residencial Altos de Veracruz, sobre la carretera León–Poneloya, que pertenecía al periodista exiliado Aníbal Enrique Toruño Jirón, según reporta el medio Artículo 66.
El inmueble —hipotecado a favor de LAFISE Bancentro como garantía de un préstamo— fue confiscado por la dictadura Ortega-Murillo el 15 de febrero de 2023, después de que un tribunal penal declarara a Toruño “traidor a la patria” amparado en la Ley 1055 y ordenara la pérdida de su nacionalidad y bienes.
Demanda de tercería de dominio
En la demanda de tercería de dominio, la PGR, representada por el procurador auxiliar Marvin Toruño Herrera, alega que la vivienda ya pertenece al Estado de Nicaragua por resolución del Juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua, inscrita bajo la cuenta registral n.º 74716 del Registro Público de León, y por tanto no puede ser objeto de ejecución hipotecaria, según el escrito presentado ante el tribunal.
El banco había iniciado previamente un proceso de ejecución forzosa para cobrar la deuda hipotecaria. Con la admisión de la tercería, el juez suspendió la subasta y emplazó a LAFISE y a Toruño a contestar la demanda en un plazo de 15 días.
“Vacío legal” y daños colaterales
En declaraciones a Artículo 66, Toruño —hoy en el exilio— calificó el litigio como “un pleito” originado en “el vacío legal que produjo la confiscación de bienes hipotecados”.
“El Estado confisca, pero la propiedad está como prendada, pues el Estado se la tiene que pagar al banco, supongo. Ahí hay un pleito. La gran pregunta que queda es si el Estado le va a quitar a los bancos esa parte, porque confisca la propiedad más allá que haya hipotecas. Ahí hay un vacío legal, ahí hay un pleito entre el Estado y los bancos”, afirmó a ese medio del periodista Álvaro Navarro.
Toruño advirtió que el caso ejemplifica cómo las expropiaciones arbitrarias no solo afectan a opositores sino también al sistema bancario: “Esto ya no se trata de mí, es el Estado pretendiendo apropiarse también de lo que no le pertenece, incluso cuando hay contratos legales con terceros como los bancos. El abuso ya no tiene límites”.
Desde su aprobación en 2021, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) ha servido de base para declarar “traidores a la patria” a más de 450 opositores y ordenar la confiscación de sus bienes, medida rechazada por organismos internacionales como contraria a los principios de debido proceso y protección de la propiedad privada.