Dr. Danilo Martínez | 18 junio 2025
LA DICTADURA DEL ABSURDO Y SUS FALSAS SOLUCIONES
El régimen de Daniel Ortega, en su afán de controlar hasta el último detalle de la vida de los nicaragüenses, ha impuesto mediante decreto una velocidad máxima de 50 km/h en todo el país, para el transporte público y privado, supuestamente para «reducir accidentes». Sin embargo, esta medida arbitraria y sin sustento técnico— comprueba una vez más que el régimen Orteguista no gobierna: impone caprichos. Y que además está motivado por otras razones y otros resultados como es ralentizar el movimiento de la sociedad para un mejor control del pueblo a quien le teme enfebrecidamente.
Por supuesto que el nivel de accidentalidad de tránsito es complejo.
Y comenzaré por aprobar la medida que no se conduzcan niños en motocicletas por su completa vulnerabilidad.
Pero esta situación no se resuelve solo bajando velocidades. Es evidente que los factores claves de este problema social han sido ignorados o ineficientemente gestionados.
En primer lugar las condiciones de las calles y carreteras en pésimo estado (huecos, falta de señalización, falta de iluminación pública de las carreteras, etc) .
En segundo lugar la falta de verificación del estado mecánico y eléctrico de los automotores. Un transporte público tan precario (buses destartalados, muchas veces importados de segunda, paradas improvisadas y competencia temeraria entre las unidades por el tema de control de tiempo etc.
En tercer lugar la Corrupción en licencias, donde no es secreto el negocio de repartir licencias a conductores sin capacitación real. La coima al agente de tránsito para obtener dictamen favorable en un accidente.
En cuarto lugar y no menos importante es la corrupción de la justicia penal en materia de accidentes.
Un conductor autorizado, recibe una licencia para acceder a la vía pública. Entendiendo esta desde la salida de tu casa en adelante hasta llegar a tu destino. Porqué requiere licencia? No solo es para verificar su competencia y habilidad para conducir, sino porque quien posee un vehículo, se asemeja como quien posee un arma. Con un vehículo se pueden arrebatar vidas y la vida propia del conductor. De ahí que quien maneja un vehículo debe estar consciente, de la capacidad de hacer daño que tiene y por tanto del compromiso y responsabilidad que esto exige.
En Nicaragua, como en muchos otros países, a diario se les arrebata la vida a transeúntes y pasajeros, y al día siguiente los choferes andan libres. De ahí que se debe modificar la ley penal no en el sentido de aumentar las penas sino de hacerlas efectivas, de tal manera que igual que en los delitos sexuales en los delitos de tránsito no existan beneficios penales ni penitenciarios.
Actualmente los delitos de homicidios por tránsito, al ser culposos, son considerados menos graves en cuanto a la pena y los beneficios de suspensión de pena y conmutabilidad. Solo en el caso de que medie alcohol, sobrepasa la pena de cinco años. El día que quien arrebate una vida, sea culposo o doloso, en un accidente de tránsito, y se demuestre su responsabilidad, se le haga pagar día por día la pena, ese día cobraremos conciencia de la responsabilidad como conductor.
En Quinto lugar hay que quitarle el monopolio de justicia de tránsito a la policía, porque esto se presta para mayor corrupción. Es un secreto a voces, y hasta objeto de chiste, que el policía de otra especialidad que es trasladado al departamento de tránsito, a los días se engorda y prospera rápidamente, muchas veces con un nivel de vida cuatro o cinco veces mejor que el resto de sus compañeros.
Como en Estados Unidos y otros países, la policía de tránsito, auxilia, registra, documenta e impone una posible multa por infracción de tránsito, pero de forma automática el conductor es notificado de su audiencia con el juez de tránsito, con la garantía del debido proceso, quien será al final quien resolverá lo atingente a la contingencia de tránsito, confirmando, modificando o anulando la multa impuesta por la policía.
Hay que acabar con la discrecionalidad y omnipotencia del agente de tránsito, para sentir seguridad jurídica ante las arbitrarias actuaciones de una policía corrupta.
En síntesis esta medida extremista, es mayor pérdida de tiempo y productividad en un país donde el Estado actual solo trabaja medio día, y ahora perderán más tiempo obligando a los ciudadanos a perder horas valiosas en la carretera.
Un viaje de Managua a León (90 km) pasará de 1 hora normalmente a más de 2 horas, afectando comercio, salud y educación.
El régimen actúa con doble moral, porque mientras obliga a los civiles a 50 km/h, los convoyes oficiales circulan a altas velocidades con sus escoltas.
Si el régimen realmente quisiera salvar vidas, montaría operativos precisos a la salida de las zonas de bares para verificar que quienes van al volante no estén tomados de licor. Comenzaría por incluir dentro del pensum curricular de la educación secundaria una asignatura de seguridad vial, que instruya tanto a los futuros conductores como a los peatones. Repararían la infraestructura y construyeran donde es necesario, sobre todo instalar semáforos, señalización visible, reparación inmediata y segura de baches. Controlaría la corrupción de la compra de licencias de conducir, la compra de dictámenes de accidentes de tránsito, prohibiría circulación de vehículos sin luces , sin bocina, sin frenos, y con llantas gastadas. Trasladaría al poder judicial, tanto por la gravedad del tema, como por la necesidad de garantías procesales, la competencia del tema de tránsito. Priorizaría el delito de homicidios por accidentes de tránsito de conductores ebrios que causan más del 30% de muertes, y no concedería ningún tipo de beneficios penales. Y finalmente pero no agotando el tema, establecería velocidades diferenciadas por zona, 50 km/h en zonas urbanas, 20 km/hora frente a escuelas y hospitales, 80-90 km/h en carreteras abiertas y hasta 100 km /hora en autopistas, con excepciones en puntos críticos.
Pero el objetivo visible de esta medida no es salvar vidas, sino, aumentar multas para llenar las arcas de un gobierno en quiebra. Las multas por exceso de velocidad en Nicaragua aumentaron un 300% desde 2021. Todas las mañanas se reparten a los agentes de tránsito talonarios completos que deben regresar en la tarde llenos de multas. El otro objetivo de la dictadura es fortalecer la vigilancia con más retenes policiales para controlar y perseguir opositores, por el miedo a que en cualquier momento la población diga basta y se levante a ponerle fin a esta desgracia nacional que vive el país. Igualmente buscan distraer de problemas reales: crisis económica, represión y migración masiva. Estamos frente a una medida tributaria, recolectora de recursos y engañosa porque servirá para mejor control de la dictadura sobre el pueblo.
Nicaragua merece soluciones de fondo, no caprichos seniles. El mayor accidente que hay que evitar es que la Dictadura Orteguista continúe destruyendo el país.
LA DEMOCRACIA SE CONSTRUYE, HAGÁMOSLA.
Dr. Danilo Martínez | Coordinador General del MUD.