La defensora de derechos humanos Haydée Castillo, denunció este jueves ante representantes de la Unión Europea (UE) y Centroamérica las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua, así como el incumplimiento de los principios del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica (AdA).
Durante su intervención en el Foro de la Sociedad Civil Centroamericana, realizado en San José, Costa Rica, en el marco del AdA, Haydée Castillo —miembro del Espacio de Diálogo para la Confluencia de Actores Nicaragüenses— cuestionó cómo un país desgobernado por una dictadura ilegítima puede mantenerse como socio comercial, político y de cooperación bajo un acuerdo que tiene como base los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
“El desarrollo sostenible tiene principios fundamentales basados en los derechos humanos, los derechos laborales y el diálogo social. En el caso de Nicaragua, más de 6,000 organizaciones han sido ilegalizadas y expulsadas, lo que elimina cualquier posibilidad de auditoría social dentro del país”, advirtió Castillo.
La activista subrayó que cerca del 22% de la población nicaragüense, incluida una parte significativa de su fuerza laboral, ha sido forzada al exilio desde 2018, lo que representa un desplazamiento masivo en medio de una represión sostenida.
Además, recordó el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, que concluyó que el régimen de Ortega y Murillo ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad.
“¿Cómo es posible que Nicaragua pueda mantenerse en un acuerdo comercial que no está beneficiando a su población? No hay democracia ni respeto por los derechos humanos”, cuestionó la defensora.
Castillo llamó a la reevaluación integral del Acuerdo de Asociación, no solo en su componente comercial, sino también en sus pilares políticos y de cooperación.
“Las ganancias de este acuerdo quedan en manos de una élite cómplice de una dictadura que desangra al país y representa un peligro para la seguridad regional”, alertó.
También denunció que 19 cámaras empresariales, entre ellas una española, han sido despojadas de su personería jurídica en Nicaragua, lo que evidencia que ni siquiera el sector privado tiene condiciones para operar libremente bajo el régimen actual.