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Parte II: Análisis criminal básico

Vlada Krasova Torres | 26 junio 2025

Desde 2018, Nicaragua ha expulsado a miles de personas a través de una represión sistemática que ha encontrado continuidad más allá de sus fronteras. En los últimos años, el exilio dejó de ser garantía de protección. Una serie de asesinatos, intentos de homicidio y hostigamientos contra personas refugiadas en Costa Rica revela una nueva fase de violencia: la ejecución transnacional del terror como política de Estado. Lejos de actos aleatorios, estos crímenes evidencian un patrón de perfilamiento político-militar que obedece a lógicas de inteligencia y represión calculada. El régimen Ortega-Murillo parece aplicar lo que Richards Heuer denominó en su libro Psychology of Intelligence Analysis, publicado en 1999, como “targeting de amenazas”: la selección intencionada de sujetos considerados riesgosos para la estabilidad del poder.

Los casos documentados, como el asesinato del exmilitar Roberto Samcam en Moravia en junio de 2025, el doble intento de homicidio contra Joao Maldonado en 2021 y 2024, o el asesinato del excarcelado político Erick Castillo en La Cruz en 2023, muestran denominadores comunes: liderazgo político, visibilidad pública, historial de persecución, y procedencia de territorios claves de oposición como Carazo, Managua y Jinotega. La hipótesis más razonable sugiere que, además de su rol como referentes simbólicos, estas personas podrían haber poseído información sensible, ya fuera producto de su paso por el ejército, por centros de detención o por contactos con redes internas en Nicaragua, lo cual elevaría su perfil como amenazas de alto valor.

Los atentados tampoco ocurren en cualquier lugar. Se concentran en espacios estratégicos que permiten una ejecución táctica precisa. Las zonas más afectadas dentro de Costa Rica incluyen el área metropolitana de San José particularmente Moravia, Escazú y San Pedro donde confluyen una alta densidad de exiliados, sedes de medios de comunicación, organizaciones sociales y espacios de activismo público. Estos barrios permiten el camuflaje de los agresores en un entorno con alta movilidad urbana y múltiples rutas de escape. Por otro lado, zonas periféricas y fronterizas como Upala o La Cruz permiten una retirada inmediata hacia Nicaragua o el tránsito por puntos ciegos de vigilancia. Allí, la escasa presencia institucional facilita el crimen sin consecuencias inmediatas.

En varios casos, como el asesinato de Samcam y los atentados a Maldonado, los ataques ocurrieron en espacios cercanos al domicilio o dentro de las rutinas personales de las víctimas. No se trata de actos aleatorios en lugares públicos imprevisibles, sino de ejecuciones planeadas con base en información concreta sobre la ubicación y los hábitos cotidianos. Lo que Paul y Patricia Brantingham describieron en Environmental Criminology and Crime Analysis, publicado en 1993, como “loci delicti” lugares de oportunidad delictiva repetida aplica claramente a estos casos. Se trata de zonas donde convergen anonimato, oportunidad y una vigilancia institucional deficiente o ausente.

Tampoco es casual el momento de los ataques. La distribución temporal muestra picos significativos en enero y febrero, así como en junio y octubre. Estos periodos coinciden con momentos clave de reorganización política en el exilio, asambleas, aniversarios de la rebelión de abril de 2018 o ciclos de protestas comunitarias. La hora más frecuente de los atentados es entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde, justo cuando las víctimas están más expuestas al entorno público.

Los crímenes contra activistas y figuras políticas en el exilio deben entenderse como parte de una red estatal organizada con intención de intimidar, eliminar y desmovilizar. Lo que Marlies Glasius denominó en su artículo Extraterritorial Authoritarian Practices, publicado en 2018, como autoritarismo transnacional, se manifiesta aquí con una precisión escalofriante. Los asesinatos no sólo eliminan cuerpos: silencian voces, interrumpen procesos organizativos y proyectan el terror como mensaje colectivo. Exiliarse, para muchos nicaragüenses, se ha convertido en un tránsito hacia otra forma de persecución, esta vez sin fronteras visibles ni refugio garantizado.

Aquí puedes ver la Parte I: Las capas del espionaje

Aquí puedes ver la Parte III: Cooperación criminal

*MSc. Vlada Krasova Torres | Profesional en Relaciones Internacionales, con estudios superiores en gestión del conocimiento, políticas públicas, gobernabilidad democrática y derechos humanos.