Tras el anuncio del gobierno estadounidense sobre la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos nicaragüenses, la firma ACM Legal Services emitió una declaración pública en la que exhorta a los beneficiarios a actuar con rapidez y buscar asesoría legal calificada para proteger su futuro migratorio.
El mensaje, dirigido específicamente a la comunidad nicaragüense amparada bajo este estatus, destaca la importancia de mantener la calma, pero al mismo tiempo actuar de inmediato para evaluar alternativas legales disponibles, ya que el plazo para abandonar el país es de solo 60 días.
“Sabemos que la noticia sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal después de 25 años es preocupante. Es natural sentirse ansioso, pero ¡es crucial actuar con rapidez y estrategia”, señaló ACM en un comunicado.
Claves para enfrentar el fin del TPS
La firma enumeró una serie de recomendaciones prácticas para quienes pierden su protección migratoria:
📌 Buscar asesoría legal inmediata: Cada caso es único, y solo un abogado de inmigración calificado puede determinar las mejores opciones disponibles.
📌 Evaluar la situación familiar: Personas con hijos ciudadanos estadounidenses o familiares residentes permanentes podrían tener posibilidades de ajustar su estatus migratorio.
📌 Mantener la documentación en orden: Se recomienda tener copias físicas y digitales de todos los documentos relevantes (historial laboral, de residencia, etc.) y compartirlos con una persona de confianza.
📌 Mantenerse informados: Es fundamental seguir las actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y de organizaciones de defensa de migrantes.
📌 Evitar el pánico, pero no dejar pasar el tiempo: “No dejen pasar un solo día sin buscar información y asesoramiento”, advirtió la firma.
En su mensaje, ACM Legal Services reiteró su compromiso con la comunidad nicaragüense y puso a disposición “asesoría legal experta y personalizada”.
La cancelación del TPS para Nicaragua afecta a cerca de 3,000 personas que han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas. La decisión ha generado críticas de sectores legales, sociales y políticos, quienes advierten que miles de familias podrían quedar en situación de vulnerabilidad si no se les brinda una vía alternativa para permanecer en el país.