El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su escalada represiva con el secuestro violento del empresario Álvaro Baltodano Monroy, hijo del preso político y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, condenado recientemente a 20 años de prisión por presunta “traición a la patria”.
Según denunció el observatorio independiente Monitoreo Azul y Blanco, Baltodano Monroy fue capturado alrededor de las 11 p. m. del 21 de julio, en un operativo policial ejecutado con violencia.
La detención ocurrió en un retén en la carretera Nandaime-Rivas, a la altura de Ochomogo, cuando el empresario viajaba hacia Managua. Las autoridades lo condujeron hacia un destino desconocido, mientras que la persona que lo acompañaba fue dejada en libertad, reportó el medio digital Confidencial, citando fuentes vinculadas a la Policía.
Allanamiento y confiscación de bienes
De forma simultánea al arresto, fuerzas policiales allanaron la vivienda de Baltodano Monroy en el reparto Las Colinas, en Managua. Vecinos del sector relataron que los agentes ingresaron a la propiedad rompiendo puertas y cargando computadoras, equipos electrónicos y otros objetos personales. Posteriormente, la casa quedó bajo control policial.
Baltodano Monroy, quien posee doble nacionalidad nicaragüense y mexicana, se desempeñaba como ejecutivo en varias empresas, entre ellas una de capital guatemalteco con inversiones en el sector energético.
Represalia política contra padre e hijo
El arresto de Baltodano Monroy ocurre poco más de un mes después de que su padre, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, fuera sentenciado en un juicio exprés a 20 años de prisión y despojado de todos sus bienes.
La condena fue dictada el 9 de junio tras un proceso sin garantías, realizado por videoconferencia desde la cárcel “La Modelo”, donde permanece recluido.
Baltodano Cantarero, quien fue asesor presidencial en temas económicos del régimen de Ortega entre 2007 y 2022, fue capturado el 14 de mayo en su finca ubicada en Matagalpa.
Su arresto fue ejecutado sin orden judicial por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y hasta la fecha ni la Policía, ni la Fiscalía, ni la vocería oficial han emitido información pública sobre su caso.