La jurista española Almudena Bernabéu, reconocida por su trabajo en casos de justicia transnacional, y representante legal en el caso de asesinato del militar retirado y opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en San José, Costa Rica, no descarta que el caso llegue a los tribunales de España.
Samcam, quien contaba con nacionalidad española tras haber sido despojado arbitrariamente de la nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado a balazos en su apartamento en el condominio Naples, en Moravia.
La abogada explicó que la nacionalidad española del opositor abre la posibilidad de activar la jurisdicción universal en ese país, si logran identificarse los autores materiales e intelectuales del crimen.
“Eventualmente se podría juzgar a los responsables en España… Las jurisdicciones están ahí para hacer uso de ellas, son derechos de las víctimas. Dependerá de la investigación que hagamos y los resultados que dé el trabajo de las autoridades judiciales en Costa Rica. En el caso de España, es un tema de establecer que hay un crimen de terrorismo de Estado; si podemos probar eso, sí podemos tener jurisdicción en los tribunales españoles. Es nuestra responsabilidad explorar eso en nombre de doña Claudia (viuda de Samcam)”, declaró Bernabéu a Revista Dominical del medio tico La Nación.
La firma Guernica37, que dirige Bernabéu, tiene siete años de trabajo en Nicaragua investigando graves violaciones de derechos humanos, particularmente desde las protestas de 2018. Fue en ese contexto que la jurista conoció a Claudia Vargas, con quien mantiene comunicación directa desde el asesinato.
El abogado costarricense Federico Campos, quien también representa a la familia, insistió en que la única línea de investigación viable es que el crimen fue motivado por las actividades políticas de Samcam en el exilio.
“Confiamos en que el OIJ y el Ministerio Público van a dar con los autores materiales, y esperamos que la investigación profundice en los autores intelectuales”, sostuvo Campos.
Ambos defensores confirmaron que cuentan con respaldo del gobierno español y señalaron que el caso recuerda otros asesinatos extraterritoriales ordenados por dictaduras, como el de Orlando Letelier en Washington, ejecutado por la inteligencia chilena en 1976 bajo órdenes de Augusto Pinochet.
Campos también aseguró que las autoridades costarricenses sabían del riesgo que enfrentaba Samcam, lo que podría generar responsabilidad política y eventualmente jurídica.
“No buscamos que le pongan un policía a cada refugiado, como dijo sarcásticamente el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Sí es que desarrollen las labores de inteligencia y seguridad para prevenir estos hechos”, declaró Campos.
Tanto Bernabéu como Campos enfatizaron que el objetivo no es solo castigar al ejecutor del crimen, sino a quienes lo orquestaron.
“Lo más importante no es el sicario, sino quién está detrás, quién ordena y quién orquesta. Esa parte es mucho más difícil de investigar, pero mucho más importante porque es la verdad sobre quién está detrás de este tipo de acciones”, concluyó la abogada.
El caso Samcam se suma a una serie de ataques que han despertado alarma entre la comunidad exiliada en Costa Rica, como el atentado contra el activista Joao Maldonado.
La posibilidad de que la justicia española intervenga abre una nueva vía para enfrentar lo que los abogados califican como represión transnacional del régimen Ortega-Murillo.