Organizaciones nicaragüenses en el exilio, entidades internacionales y familiares de víctimas denunciaron el viernes 25 de julio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva fase de represión sistemática por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizada por su expansión transnacional, selectiva y ejemplificante.
La audiencia pública, celebrada en el marco del 193 Período de Sesiones de la CIDH, reunió a representantes de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC), Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, junto a familiares de víctimas como Claudia Vargas, viuda del analista Roberto Samcam; Sadie Rivas, hija del prisionero político Aníbal Rivas Reed; y Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera.
“Constatamos con profunda preocupación que, a más de siete años del inicio de la crisis, se mantienen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La represión no ha cesado: se ha transformado y ampliado, cruzando fronteras y afectando a quienes buscan refugio en el exilio”, denunció Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
Represión transnacional y asesinato de opositores
Entre los nuevos patrones identificados, se encuentran la persecución transfronteriza, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el incremento de desapariciones forzadas.
Azahalea Solís, del MAM, señaló que el régimen ha impulsado leyes como la N.º 1145 y la N.º 1216 para criminalizar a opositores fuera del país y extender su jurisdicción penal más allá de las fronteras nicaragüenses.
Denunció además seis asesinatos de exiliados —tres en Honduras y tres en Costa Rica— atribuidos a agentes del régimen, destacando el reciente caso de Roberto Samcam.
Su viuda, Claudia Vargas, señaló que la Fiscalía de Costa Rica ha reconocido la complejidad del caso y la posibilidad de que fuera un crimen planificado.
“Es necesario investigar no solo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución”, demandó.
Apatridia y detenciones selectivas
Natalia Yaya, de la FIDH, denunció que al menos 450 personas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad desde 2023, dejándolas en un estado de “muerte civil”, sin acceso a derechos fundamentales ni posibilidad de regresar al país.
Olga Valle, de Urnas Abiertas, informó que hasta marzo de 2025 se habían documentado 259 casos de personas a las que se les negó el ingreso a Nicaragua, y advirtió que muchas más podrían estar en la misma situación por temor a denunciar.
Claudia Pineda, de AUDJUDRNIC, precisó que hay 54 personas detenidas arbitrariamente, 14 desaparecidos y 19 sin condena, incluyendo activistas, periodistas, indígenas y exmilitares.
Sadie Rivas relató que su padre, condenado a 50 años de prisión, estuvo 42 días desaparecido y en completo aislamiento.
Tininiska Rivera, por su parte, denunció que la desaparición de su padre es parte de una ofensiva contra líderes indígenas que defienden los derechos territoriales y la autonomía de sus pueblos.
Llamado a la comunidad internacional
Adolfo Lara, de Raza e Igualdad, exigió a la comunidad internacional no solo visibilizar la represión transnacional, sino también brindar protección a los exiliados, reconocer el patrón de apatridia y exigir la libertad de los presos políticos y el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.
Ariela Peralta, del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, adelantó que en septiembre presentarán un nuevo informe sobre el agravamiento de la represión y su alcance internacional.
Durante la audiencia, el comisionado José Luis Caballero, presidente de la CIDH, agradeció los testimonios de las víctimas y reconoció el deterioro sostenido de la situación tras las reformas de 2025.
El relator para Nicaragua, Arif Bulkan, criticó la hipocresía de los Estados que comercian con el régimen mientras lo condenan en foros internacionales.
Los comisionados anunciaron la próxima publicación de un informe sobre los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y reafirmaron su compromiso de trabajar con otros Estados para brindar protección a los nicaragüenses en el exilio.
Las organizaciones participantes concluyeron la audiencia con un mensaje claro: seguirán documentando y denunciando la represión del régimen Ortega-Murillo ante todos los mecanismos internacionales disponibles.