La investigación por el asesinato del exmilitar y opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruiz entró en una nueva etapa judicial en Costa Rica. La Fiscalía de Goicoechea presentó la acusación formal contra los sospechosos y solicitó la apertura a juicio oral, lo que permitirá que un juez determine si existen elementos suficientes para llevar el caso a debate público.
La información fue confirmada por Federico Campos, abogado de la familia de Samcam, quien indicó que los familiares también presentarán una querella privada para participar activamente en el proceso judicial.
“Sí vamos a presentar querella”, afirmó el jurista, tras ser notificados por el Ministerio Público de la acusación formal.
Viuda de Samcam: “La justicia debe alcanzar a quienes ordenaron el crimen”
Tras conocerse la acusación formal, Claudia Vargas, viuda del opositor nicaragüense, calificó la decisión como un avance importante en la búsqueda de justicia, aunque advirtió que aún queda camino por recorrer para esclarecer completamente el caso.
“Mientras organizamos las actividades para conmemorar el primer año sin Roberto Samcam, nos llega esta noticia. La presentación de la acusación representa un paso importante”, expresó Vargas.
La viuda destacó que, en apenas un año, una investigación compleja que involucra a múltiples personas y que posee una dimensión transnacional ha logrado avanzar hasta la fase previa al juicio contra los presuntos ejecutores materiales.
“Aún queda mucho camino por recorrer. Pero corresponde reconocer el trabajo realizado por la Fiscalía y el OIJ, y seguir insistiendo en que la justicia debe alcanzar no solo a quienes ejecutaron el crimen, sino también a quienes lo planificaron y ordenaron”, afirmó.
Las declaraciones de Vargas se producen a pocos días de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Samcam, un caso que continúa generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica.
Un crimen que conmocionó al exilio nicaragüense
Roberto Samcam, una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado el 19 de junio de 2025 en el Condominio Naples, ubicado en San Vicente de Moravia, en la provincia de San José.
El opositor, militar retirado y analista político, se encontraba exiliado en Costa Rica desde hacía varios años debido a las amenazas y persecución que denunciaba por parte del régimen sandinista.
Su asesinato provocó una fuerte condena de organizaciones de derechos humanos, sectores opositores y organismos internacionales, que exigieron una investigación exhaustiva sobre el crimen.
Investigación apunta a estructura criminal
De acuerdo con la hipótesis desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio habría sido ejecutado por una estructura de sicarios que operaba bajo coordinación de Kenny Hosman Navarrete Vallecillo, quien presuntamente dirigía actividades criminales desde un centro penitenciario en Alajuela.
La investigación señala que Luis Ricardo Orozco González habría mantenido contacto con Navarrete durante su permanencia en La Reforma y que otros sospechosos, entre ellos Bryan Robles, Danilo Chaves y Luis Carvajal, habrían participado en la ejecución del crimen a cambio de dinero.
Posible móvil político
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la línea de investigación que vincula el asesinato con la persecución contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
Según los hallazgos policiales, desde Nicaragua se habrían identificado y seleccionado objetivos para ser atacados fuera del país. En el caso de Samcam, las pesquisas apuntan a la posible participación de actores vinculados al departamento de Carazo y a una presunta coordinación con estructuras relacionadas con la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército de Nicaragua.
Los investigadores sostienen que la operación habría sido encomendada a un grupo paramilitar conocido como “Los Colochos”.
Amenazas previas y advertencias de seguridad
Las autoridades costarricenses también documentaron que Samcam había recibido amenazas durante varios años antes de su asesinato.
La investigación determinó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica le había advertido sobre riesgos contra su integridad física, debido a su perfil como opositor y a las denuncias que realizaba contra el régimen sandinista.
