Una jueza federal en California escuchó ayer martes los argumentos de los demandantes que buscan frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, quienes quedarían sin estatus migratorio en cuestión de semanas si la medida no es revertida.
La audiencia, realizada en la Corte Federal del Distrito Norte de California, responde a la demanda National TPS Alliance et al. v. Noem, que impugna la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicada el pasado 8 de julio en el Registro Federal. Dicha decisión pone fin al amparo migratorio para estos tres países, vigente desde hace décadas.
“El daño sería irreparable”
Los demandantes pidieron a la jueza Trina Thompson emitir una orden judicial temporal que suspenda la ejecución de la cancelación mientras se resuelve el caso en los tribunales.
Argumentaron que, si no se concede esta medida cautelar, los tepesianos perderán su derecho a trabajar legalmente, su acceso al seguro médico, sus licencias de conducir y quedarán expuestos a detenciones y deportaciones.
“Estamos con el agua hasta el cuello. A 30 días de que finaliza el TPS, no tenemos respuestas claras”, expresó un beneficiario.
Los hondureños y nicaragüenses están a solo semanas de perder su estatus, el 8 de septiembre; los nepalíes quedarían en el limbo desde el 5 de agosto.
Los abogados solicitaron al menos una prórroga de cuatro a cinco meses para evitar un daño que consideran irreversible.
La jueza Thompson puso especial énfasis en el tema de la jurisdicción, y se espera que su decisión sobre la suspensión temporal se emita en los próximos días o semanas. Si no se concede el recurso, los afectados tendrán hasta el 6 de septiembre para abandonar el país o regularizar su situación.
Un precedente y una esperanza
El caso recuerda al litigio Ramos v. Nielsen, donde una corte federal detuvo previamente la cancelación del TPS para haitianos y salvadoreños. Los demandantes confían en que los argumentos actuales —que incluyen la falta de análisis humanitario y el incumplimiento de procedimientos administrativos— sean suficientes para lograr una decisión similar.
El abogado de origen nicaragüense Harold Rocha, especialista en derecho internacional, calificó el proceso como “crítico” para evitar una salida masiva de inmigrantes con décadas de residencia en EE. UU., muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses.
Movilización y apoyo institucional
La audiencia estuvo acompañada por una movilización convocada por la Alianza Nacional TPS, que reunió a decenas de personas de distintos estados. Paralelamente, la Ciudad de Nueva York y otros 13 gobiernos locales presentaron un escrito amicus curiae en respaldo a los demandantes, alertando sobre el impacto negativo que tendría la cancelación del TPS en las economías locales, la salud pública y la cohesión social.
El próximo viernes está programada una segunda audiencia en la misma corte, esta vez enfocada en los casos de TPS para Haití y Venezuela, donde se determinará si existen méritos para avanzar a juicio o si, como solicita el gobierno de EE. UU., se desestima la demanda.
Origen del TPS y situación actual
El TPS fue otorgado originalmente a hondureños y nicaragüenses en 1999, tras el paso del huracán Mitch, y a los nepalíes en 2015 luego del devastador terremoto. Aunque permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no conduce automáticamente a la residencia permanente.
Para los beneficiarios actuales, la batalla legal representa una última oportunidad de evitar la pérdida de su estatus y la separación familiar.