Por Flavio Cárdenas | 07 de agosto 2025
Con la aprobación de las reformas constitucionales del 6 de agosto de 2025, que funden al Ministerio Público con la Procuraduría General de la República para dar lugar a la nueva Procuraduría General de Justicia, el régimen Ortega-Murillo ha dado un paso más en la construcción de un aparato judicial altamente concentrado, servil y represor. Lejos de constituir un avance hacia la eficiencia institucional, estas reformas representan una involución institucional, que consolida el control de la pareja gobernante sobre el sistema de justicia, vaciándolo de toda funcionalidad democrática y convirtiéndolo en herramienta de control político.
El rediseño no comenzó hoy. Desde 2018, el proceso ha sido meticuloso: se inició con el despojo del Poder Judicial de funciones clave —como la rectoría de los Registros Públicos—, que fueron trasladadas a la PGR. Siguió con la ampliación de sus competencias mediante reformas al reglamento de su Ley Orgánica, y ahora culmina con la subordinación del Ministerio Público bajo una misma autoridad. Con ello, desaparece la ya frágil separación entre los órganos de representación legal del Estado y los encargados de la acción penal pública.
Lo más grave no es solo el rediseño institucional, sino la naturaleza del personal que lo encarna. La designación de Wendy Morales al frente de esta suerte de súper ministerio de justicia responde más a su docilidad política que a sus méritos. Morales, fiel operadora del régimen y discípula del exprocurador Hernán Estrada, ha demostrado absoluta obediencia a Rosario Murillo, lo cual la hace útil en una estructura donde la lealtad ciega es más valiosa que el perfil profesional o la trayectoria histórica.
Pero mientras Morales asciende, otras figuras históricas del sandinismo son defenestradas sin contemplación. Es el caso de Ana Julia Guido, una mujer con un largo recorrido en el sandinismo: exguerrillera, fundadora de la Policía Sandinista en el Ministerio del Interior, y en su momento subalterna de Lenín Cerna, jefe del aparato represivo en los años ochenta. Fue precisamente ese pedigrí lo que la llevó, tras la salida del Dr. Julio Centeno Roque, a ser nombrada Fiscal General de la República, cargo desde el cual dirigió los procesos penales más oscuros del régimen a partir del estallido social de abril de 2018.
Durante los años más sangrientos de la represión, Guido fue la directora de facto de los escuadrones de fusilamiento judicial, coordinando a fiscales y jueces en la persecución, criminalización y encarcelamiento de jóvenes protestantes, líderes opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Su rol fue clave en la consolidación del sistema judicial como herramienta de castigo político.
Y sin embargo, hoy es degradada a subalterna de Morales. ¿Por qué? Porque su fidelidad, aunque comprobada, no proviene de la “égida murillista”. Guido es producto de las viejas estructuras de seguridad del sandinismo, y aunque obedeció sin chistar las orientaciones del régimen, nunca fue una creación de Rosario Murillo. Y en Nicaragua, bajo el mando de la Co-dictadora, los espacios de poder están reservados exclusivamente para quienes han sido moldeados por ella. Es la lógica de la purga preventiva: ningún cuadro histórico, por leal que sea, está a salvo si no es parte del círculo íntimo de la Co-dictadora.
Este nuevo capítulo confirma que el sistema de justicia nicaragüense no solo sirve para reprimir a opositores y críticos externos, sino también como instrumento de control interno del propio sandinismo. Quien se descarrila, quien representa un pasado que escapa al control de Murillo, termina cayendo en desgracia. Lo hemos visto con funcionarios, militares, excombatientes y ahora con Guido, que pasó de ser verdugo a potencial víctima del mismo engranaje que ayudó a afilar.
Así, lo que Ortega y Murillo están construyendo no es un Estado más fuerte ni más eficiente, sino una estructura totalitaria judicializada, diseñada para castigar, controlar y disciplinar a toda la sociedad, incluidos sus propios cuadros. En este contexto, la creación de la Procuraduría General de Justicia no representa una lucha contra la corrupción, sino la institucionalización del sicariato jurídico bajo una fachada de legalidad.
Y como ha ocurrido con tantos otros antes, el ascenso de Wendy Morales no garantiza estabilidad ni longevidad. En Nicaragua, la fidelidad no es seguro de permanencia. Porque al final, en esta maquinaria, todos son prescindibles. Y lo que hoy es cúspide, mañana puede ser abismo. Parafraseando al Padre Marcos Somarriba, ningún sapo tiene garantizado su charco. Veremos cuanto dura la “súper ministra” Morales, hasta caer en desgracia como Horacio Rocha, Iván Acosta, Arlette Marenco y otros ex súper ministros, que hoy están en prisión, casa por cárcel o simplemente tirados a un oscuro y fétido rincón del basurero de la historia.
*Flavio Cárdenas | Abogado nicaragüense