Danny Ramírez-Ayérdiz**
El público lector disculpe y sepa entender el uso de este refrán tan conocido por los nicaragüenses, pero recurro a él para darme a entender en las siguientes líneas. He leído con inquietud los posicionamientos directos y otros velados de ciertos opositores respecto de qué pasará con aquellos civiles o funcionario estatales que, habiendo participado en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, hoy colaboran aportando información de cómo se han cometido estas atrocidades y otros detalles relacionados con la represión.
En principio, esto genera un nuevo escenario de cara a la transición: es responsabilidad de los que han cometido estos crímenes colaborar con la reconstrucción de la verdad y el terror. No obstante, la sociedad y especialmente las entidades del sistema de justicia que se encargarán de juzgar las violaciones de derechos humanos no tienen nada qué agradecerles. En aras de un tránsito pacífico en la democracia, los responsables que actualmente dan información no hacen más que su deber. El reproche social debe ser conducido a través de las herramientas del Estado de derecho: la justicia y una necesaria comisión de la verdad.
El arrepentimiento respecto de las violaciones de derechos humanos y la participación en otros crímenes en el actual régimen, pertenecen al ámbito de lo ético y lo moral de estos informantes. En términos del derecho de memoria, verdad y justicia de las víctimas, la tarea la tiene el derecho penal y las futuras instituciones transicionales en determinar, sobre las bases del debido proceso, cuál es la responsabilidad, la participación y las eventuales penas de los hoy colaboradores con que se sepa las profundidades de las redes represivas. No obstante, ni el arrepentimiento ni la colaboración ha de relevarlos de la justicia. Ya el Código Penal establece las atenuantes para cada caso.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) ha propuesto varios modelos de justicia para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad según sus grados de participación y responsabilidad. Hemos propuesto que una Ley de Memoria Histórica, sujeta completamente a los estándares internacionales del debido proceso, establezca un modelo de justicia transicional que mejor convenga, contemplando atenuaciones para quienes colaboren con la reconstrucción de los hechos ante una comisión de la verdad o ante la justicia, pero nunca el perdón: ni la amnistía, ni los indultos están permitidos en casos de graves violaciones de derechos humanos. La atenuación de las penas puede tener lugar para quienes tienen responsabilidades leves, según la propuesta de CALIDH, pero no los que asesinaron, torturaron, secuestraron o desaparecieron.
La justicia ha de presentarse recta e imparcial con quienes hoy están arrepentidos, incluso con los que alegan que estaban cumpliendo órdenes. El Derecho Penal Internacional no contempla eximir de culpas ni de condenas a quienes alegan la “obediencia debida” en cadenas de mando de comisión de crímenes de lesa humanidad: el deber ético y jurídico de no lesionar el derecho del otro siempre debió prevalecer, y por tanto, se entiende que pudieron negarse a obedecer un mandato policial contrario a los derechos humanos.
El escenario es claro: la pacificación de la sociedad nicaragüense solo tendrá lugar si enfrentamos en el futuro a los victimarios, sea cual sea su participación en este indescriptible periodo de violencia ante los tribunales, los que actuarán sobre la legalidad y no por venganza. El arrepentimiento y la colaboración no exime a nadie de sus responsabilidades y del deber de un futuro Estado de satisfacer las demandas de justicia y no impunidad de las víctimas, familiares de víctimas fatales y organizaciones de víctimas. Así pues, a cada chancho le llega su sábado.
** Secretario ejecutivo de Calidh y profesor de derechos humanos