El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão y el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco rechazaron este viernes la legación de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida también como “Ley Mordaza”, al publicarse hoy en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
Abrão, tildó como “autoritario” el proceso de “legalización” de la legislación, que busca “la censura y la represión en Nicaragua”, según un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Al publicarse hoy la ley en La Gaceta, esta entrará en vigencia en 60 días, es decir el 29 de diciembre de 2020. La normativa pretende castigar con la cárcel la difusión de “noticias falsas” en las redes sociales y criminalizar a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al régimen Ortega-Murillo.
Por su parte, Vivanco expresó que la ley de ciberdelitos “contiene varias disposiciones draconianas que amenazan la libertad de expresión” en Nicaragua
“Ortega está impulsando una batería de leyes para consolidar la censura y la represión”, añadió.
Según el orteguismo la ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas”. Y se aplicará a quienes “cometan los delitos previstos en esta, dentro o fuera del territorio nacional”.
El artículo 30 de la ley establece que las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio o reputación de una persona supondrán una pena de entre uno a tres años de prisión. Y además una multa de entre 150 y 300 días de salario.
La ley advierte que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario.
El artículo 26 de la ley prohíbe que se ofrezca información a medios y periodistas sin el consentimiento del “titular de la información” o datos, sean en imágenes, video, texto, audio u otros, y a quien lo haga se le impondrá penas de tres a seis años de prisión.
Según expertos constitucionales, esa norma trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información.
El gremio periodístico independiente considera que esta ley amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación, y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.