La crisis sanitaria causada por el COVID-19 “ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua, donde se ha estigmatizado a los críticos con la respuesta estatal a la pandemia, señaló hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En su informe actualizado de la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada también aseguró que “existe poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos” de COVID-19.
Añadió que “algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, y que la pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres.
La expresidenta chilena denunció que al menos 16 médicos fueron despedidos en el país sin respetarse los procedimientos legales, por criticar la respuesta del régimen ante la pandemia.
La delegación que el régimen de Daniel Ortega envió, respondió que la pandemia ha obligado a gobiernos y pueblos a asumir enormes sacrificios para frenarla –también económicos–, y que “estos esfuerzos son mayores cuanto más pobre es un país, como en el caso de Nicaragua”.
La delegación orteguista justificó que la inversión en salud de del régimen es supuestamente cuatro veces superior a la que había en 2006.
“Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de reconciliación y unidad nacional”, aseguró la representación orteguista.
Por otro lado, la alta comisionada recalcó en su informe que sigue habiendo “persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y expresos políticos”.
“El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”, indicó.
Añadió que la oficina que dirige ha documentado entre marzo y junio 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, tales como registros domiciliarios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y amenazas o acosos contra opositores.
Recordó que siguen sin iniciarse investigaciones o procesos penales contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años en Nicaragua, una impunidad que “erosiona la confianza en las autoridades” e incrementa el riesgo de nuevos abusos.
Al respecto, el régimen de Ortega respondió que los informes presentados ante foros como el Consejo de Derechos Humanos no tienen en cuenta la información ofrecida por la dictadura.
“No parecen tomar en consideración la realidad que vive nuestro pueblo en la búsqueda del bien común y la promoción de los derechos humanos, que no solo son civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales”.
Bachelet pidió al régimen de Ortega a “una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano”. E instó también al Consejo de la ONU a que “continúe monitoreando la situación”.