El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) exigió este martes 13 de febrero, al régimen de Daniel Ortega que muestre al profesor Freddy Quezada, secuestrado desde noviembre de 2023.
“¿Cuál es la situación de salud del profesor Freddy Quezada? ¡EXIGIMOS AL RÉGIMEN QUE LO MUESTRE!”, demandó el organismo argentino, fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.
El profesor Quezada de 65 años, fue secuestrado por la Policía Orteguista el 29 de noviembre de 2023 luego que este publicara en su cuenta de X (antes Twitter) una crítica al régimen por unas fotografías de monseñor Rolando Álvarez, que en ese momento se encontraba bajo prisión.
CALIDH alertó que el profesor Quezada convive con una serie de enfermedades que “ponen en riesgo inminente el quebrantamiento irreversible de su situación de salud e incluso peligra su vida”.
“No se conoce si el académico está recibiendo atención médica oportuna y especializada. No se lo ha visto desde su detención y, tal como ha procedido con otros secuestros, existe la certeza razonable de que, incluso, esté siendo sometido a torturas y tratos indignos. De ser así, esto podría estar potenciando la desmejora acelerada de sus afecciones”, señaló CALIDH.
En ese sentido, demandó que el régimen “debe mostrarlo y evidenciar que está recibiendo un trato médico adecuado”, tal como ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al momento del otorgamiento de medidas cautelares.
“El doctor Quezada tiene derecho a ser visitado por sus familiares, pero la dictadura no lo ha permitido. Está en una situación de desaparición, lo que provoca un sufrimiento profundo y extenso tanto en él como en sus cercanos. Cualquier quebranto de su salud es responsabilidad del Estado”, insistió el organismo, que finalmente exigió su libertad.
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político y profesor nicaragüense Freddy Antonio Quezada, tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.