El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) interpuso este martes 13 de junio ante un Juzgado en Buenos Aires, Argentina, una nueva denuncia contra el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
La semana pasada el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de CALIDH había anunciado que la denuncia “contra altos funcionarios” en Nicaragua, incluía a víctimas desterradas ex presas políticas, desnacionalizados, exiliados y familiares de jóvenes asesinados.
“Interpusimos nueva denuncia por delitos de lesa humanidad ante la justicia federal argentina incluyendo víctimas de destierro, desplazamiento forzado y desnacionalización”, confirmó hoy CALIDH en un comunicado.
“Hoy 13 de junio hemos interpuesto una denuncia contra altos funcionarios nicaragüenses por ser responsables de actos que constituyen delitos de lesa humanidad en arreglo con el artículo 7 del Estatuto de Roma y la Ley 26.200 Ley de Aplicación del Estatuto de Roma”, detalló el organismo argentino que desde marzo de 2022 ejerce un mandato especial para Nicaragua.
“Mediante el patrocinio legal del doctor Jorge Alejandro Mamani, presidente de CALIDH, estamos acompañando a un grupo de diez primeras víctimas, entre las que se encuentran expresos políticos que sufrieron destierro, activistas políticos y sociales que fueron desnacionalizados y personas que sufrieron hostigamientos y persecución estatal y paraestatal y se vieron forzados a huir de Nicaragua”, añadió.
Ramírez-Ayérdiz declaró hoy a La Mesa Redonda que entre el grupo de diez primeras víctimas, se encuentran Lesther Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores, el resto de personas se mantienen bajo anonimato.
“La denuncia es contra Daniel Ortega y Rosario Murillo porque son quienes directamente ordenaron los destierros y las desnacionalizaciones”, explicó el abogado nicaragüense.
“También le hemos pedido al Tribunal que se cite a todos aquellos altos funcionarios que resulten de la investigación que está haciendo el Tribunal, imputados”, agregó.
CALIDH reafirmó su compromiso con las víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y “al impulsar estas denuncias buscamos memoria, verdad y reparación, y nuestra confianza en que la justicia universal es una de las vías para garantizar que sean escuchadas la mayor cantidad de voces posibles ante un tribunal imparcial e independiente”.
Cabe recordar que en octubre de 2022, la Justicia argentina abrió una investigación penal contra Ortega y autoridades del régimen en Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega, su pareja Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.
Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por Argentina que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.