El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), informó este lunes que ha interpuesto una denuncia internacional a favor de monseñor Rolando Álvarez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió al organismo medidas cautelares urgentes para el religioso.
“Estamos buscando alternativas de justicia internacional por las violaciones de derechos humanos de la que está siendo víctima. Esperamos que el Estado de Nicaragua sea condenado y el obispo resarcido”, indicó el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de CALIDH.
“En la denuncia se solicita a la Comisión dicte medidas cautelares urgentes por su preocupación ante el seguro deterioro acelerado de la salud física y psíquica del prelado, quien actualmente se encuentra aislado en la cárcel La Modelo como una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. CALIDH pidió a la Comisión condene al Estado de Nicaragua y recomiende las reparaciones integrales y suficientes a favor de monseñor Rolando Álvarez Lagos”, señaló CALIDH en un comunicado.
En la denuncia, “que se espera que el órgano la admita y la envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se solicita que se declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos a “la integridad personal (artículo 5), derecho a la libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), principio de legalidad y de retroactividad (artículo 9), libertad de conciencia y religión (artículo 12), derecho de nacionalidad (artículo 20) derecho a la circulación y residencia (artículo 22), derechos políticos (artículo 23) y protección judicial (artículo 25) vis a vis con la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del ciudadano nicaragüense, monseñor Rolando José Álvarez Lagos”, detalló el organismo argentino.
Para CALIDH el encarcelamiento del obispo Álvarez es “un patrón de censura, castigo y venganza por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018”.
Monseñor Álvarez fue sentenciado a más de 26 años de prisión por negarse a ser desterrado de Nicaragua el pasado 9 de febrero.
En ese sentido, CALIDH rechazó “la aplicación de penas desproporcionadas, severas e inexistentes como las impuestas al prelado”.
Finalmente, el organismo argentino reiteró su disposición de “acompañar firme y decididamente a todas las víctimas y familiares de las graves violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Nicaragua”.