La Iglesia católica nicaragüense, que vive una nueva jornada de amenazas y ofensas en contra de sus líderes religiosos, respondió el jueves a los ataques del dictador Daniel Ortega, que los ha tildado de “falsos profetas” e incluso les ha advertido que podrían ir a prisión.
El cardenal Leopoldo Brenes, máximo jerarca de la Iglesia católica, dijo el miércoles que “siempre han criticado” el papel de los sacerdotes por sus posturas, pero enfatizó que “no están para complacer sentimientos de autoridades, ni los deseos de sus líderes”.
El pasado 14 de agosto, Ortega acusó a los líderes religiosos de aplaudir las protestas de 2018 y los llamó “hijos del demonio”.
Los ataques de Ortega y su mujer Rosario Murillo se dieron cuatro días después que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje pastoral que lamentaba la falta de condiciones para unas elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua.
“El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos”, dijo la Iglesia.
Añadió que “el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas”.
Los comicios generales en Nicaragua están programados para noviembre y ya se han visto opacados por denuncias de un ser un proceso ilegítimo por el encarcelamiento de opositores.
“Cuando una persona nos ofende, nos toca orar por aquellos que nos persiguen, odian y calumnian, así como lo hizo Jesucristo. Al final (a) esas personas que nos dicen cosas siempre se les va a atender. En una ocasión se dijo que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores”, expresó el cardenal Brenes al respecto.
Nicaragua vive una de sus peores crisis sociopolíticas desde 2018, que ha dejado más de 100.000 exiliados y 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
*Con VOA