La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al régimen de Daniel Ortega a “cesar la criminalización y uso indebido del derecho penal contra personas opositoras”, luego se conociera una acusación contra el escritor Sergio Ramírez, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“CIDH condena orden de detención, allanamiento y acusación contra Sergio Ramírez, ex vice presidente, por delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, presentada el 8 Sep, en el marco de investigación a Fundacion Violeta”, dijo el organismo en Twitter.
La Fiscalía Orteguista informó el miércoles que solicitó una “orden de detención” contra Ramírez Mercado por “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, también por haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos principales miembros de su junta directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos; fondos que en su mayoría iban destinados a financiar uno de los principales programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ‘Programa Medios para Nicaragua’ pero que en la práctica fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como fue el dar financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país. Acciones que encuadran en el tipo penal de Conspiración para cometer Menoscabo a la Integridad Nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, tipificados en los artículos 282, 410 y 412 del Código Penal, Ley No. 641, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua. El Ministerio Público solicitó orden de detención y allanamiento”, según un comunicado.
La CIDH “urge al Estado de Nicaragua a cesar la criminalización y uso indebido del derecho penal contra personas opositoras, respetar garantías del debido proceso; así como a liberar a quienes están detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en abril de 2018”, agregó el organismo.