Al menos 158 personas detenidas en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 sufrieron torturas y 113 de ellas fueron víctimas de violencia sexual por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales, reveló una investigación divulgada este viernes por el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”.
El documento, presentado en Costa Rica por Juan Carlos Arce, abogado de esa organización con sede en San José, fue realizado a partir de la recopilación durante dos años de testimonios de víctimas y familiares de detenidos por el régimen de Daniel Ortega. También incluye fotografías, videos, denuncias públicas y expedientes judiciales.
Según la investigación, de las 158 víctimas de torturas 153 participaron en las protestas de 2018 y 123 fueron amenazadas, asediadas u hostigadas antes de su detención. Se trata de 130 hombres -incluidos dos menores de edad- y 28 mujeres procedentes de 14 de los 16 departamentos del país.
El informe documenta 40 tipos de torturas, entre las cuales destaca la violencia sexual que fue perpetrada contra 113 de los 158 detenidos incluidos en la investigación. Siete de las 28 mujeres fueron víctimas de violación y las restantes de otro tipo de abusos. En el caso de los hombres el documento registró dos casos de violación y 88 abusos sexuales.
Según el texto, otros métodos de tortura aplicados a los prisioneros fueron condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas.
El informe presentado por Arce identificó también un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Policía y fuerzas parapoliciales afines al régimen, que actuaron “de forma coordinada” para reprimir y capturar a los manifestantes civiles.
Entre otras formas de tortura aplicadas que dejaron secuelas graves en la salud también se mencionan la privación del sueño y del sol, la disminución de la ingesta de agua y de alimentos, la privación del contacto con familiares y la denegación de atención médica.
156 nombres de perpetradores
Arce destacó que el informe también incluye a los responsables de la tortura ya que revela “156 nombres de perpetradores, incluyendo altos mandos de la policía y del sistema penitenciario”.
“El informe deja en evidencia que estamos ante un Estado que practica la tortura de manera sistemática y generalizada, ya que no quedó un sólo lugar de Nicaragua sin víctimas”, afirmó el jurista, que como la mayoría de los defensores de derechos humanos nicaragüenses fue obligado a exiliarse en Costa Rica.
“Estas 156 personas perpetradoras o implicadas en la detención, han sido identificadas con nombres, cargos y ubicación al momento de la detención y/o la tortura, por lo que es importante mencionar que se cuenta con un subregistro de personas que solo se logró obtener una descripción física de ellas o de algunos rasgos característicos como el ser ‘extranjero’, por lo que al no poderse identificar plenamente no fueron incluidos en esta sistematización de personas perpetradoras. En 16 casos las personas documentadas pudieron identificar acentos y apariencias extranjeras, totalmente distintas al resto de policías, quienes, a diferencia de otros agentes, no se tapaban el rostro; estas personas extranjeras actuaron en al menos 5 de los 14 departamentos identificados en donde se ejerció tortura”, dice el informe.
Arce mencionó que incluso el Comisionado Francisco Díaz, fue denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político.
También se menciona a 9 comisionados generales, siendo estos: Comisionado General Fidel Domínguez (León), Comisionado General Luis Barrantes (Masaya), Comisionado General Pedro Argueta (Carazo), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas (DAJ-Chipote), Comisionado General Marvin Castro (Jinotega), Comisionado General Adolfo Marenco, Comisionado General Juan Valle Valle, Comisionado general Vladimir Cerda Moraga y Comisionado General Ramón Avellán.
“Los Comisionados en mención fueron denunciados por amenazar a las personas presas políticas, ordenar su detención y/o dirigir las prácticas de tortura, entre las cuales se encontraron golpizas, quemaduras, desprendimiento de piezas dentales, tortura por suspensión, condiciones inhumanas, entre otras”, dijo el abogado.
“Tanto el Comisionado General Ramón Avellán como Fidel Domínguez son quienes han sido denunciados en mayor cantidad, doce y seis denuncias respectivamente, el primero fue denunciado por actos de tortura perpetrados, dirigidos y detenciones realizadas, mientras que el segundo tanto por ordenar y dirigir detenciones por realizar amenazas de muerte constantemente, así como por asediar y hostigar a las personas excarceladas políticas y sus familiares”, destacó Arce.
También se lograron identificar a seis alcaldes, que durante 2018 a 2019, realizaron actos de vigilancia, amenazas e incluso ordenaron la detención de ciertas personas; entre ellos se encuentran: Alcalde de Nagarote, Juan Gabriel Hernández Rocha; Alcalde de Matagalpa, Zaadrach Zeledón; Ebert López, Alcalde de El Rosario; Alcalde de San Carlos, Johnny Gutiérrez; Alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez y Alcalde de Tipitapa, César Vásquez Valle.
Asimismo se menciona al diputado Filiberto Rodríguez, funcionarios del Ministerio de Educación, del Instituto de Seguridad Social, y el Tesorero General del Estado, Juan José Montoya Pérez, quien ordenaría detención y agresiones.
“No solo se han identificado perpetradores como agentes policiales, penitenciarios o paraestatales, sino, que, a toda la estructura que hace posible tanto las detenciones como la práctica de tortura en el país. La coordinación entre Jefe Policial, Jefe del Sistema Penitenciario, Diputado, Tesorero General, Alcaldes, Concejales y otros trabajadores de instituciones públicas solo puede ser posible si existe una directriz única que los compela a trabajar de forma coordinada para un fin único, las detenciones y torturas a las personas presas políticas, lo cual, teniendo en cuenta el contexto nicaragüense y la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo, se puede categóricamente afirmar que la responsabilidad máxima del establecimiento de una política de terror estatal basada en la tortura recae sobre la pareja presidencial, es decir, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana”, concluyó Arce.