La delegación de organizaciones de la sociedad civil del Colectivo 46/2 pidieron este viernes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, renovar dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos y el mandato de la OACNUDH para que continúen investigando por los crímenes de lesa humanidad del “gobierno de facto” de Daniel Ortega.
“La instalación de este gobierno de facto ha desembocado en la erosión de la calidad de vida de las y los nicaragüenses en todas sus dimensiones, con altos niveles de impunidad de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada que atropella y condiciona el acceso a otros derechos como salud, educación y trabajo… Por eso, instamos a este Consejo a que apruebe una extensión de ambos mandatos por dos años, para que continúen investigando los crímenes de Estado”, dijo Olga Valle, directora de Urnas Abiertas durante su intervención en el Diálogo Interactivo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la Sesión 52 del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU realizado en Ginebra.
Escrutinio internacional
La delegación de nicaragüenses que se hizo presente recalcó que dado el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, el drástico cierre del espacio de la sociedad civil y la completa falta de cooperación del régimen de Daniel Ortega con los mecanismos internacionales de derechos humanos, es necesario un mayor escrutinio internacional para proteger los derechos de la población nicaragüense.
Por lo tanto, el trabajo del Grupo de Expertos y de la OACNUDH sigue siendo crucial para llamar la atención internacional sobre la crisis, documentar violaciones graves de derechos humanos con miras a apoyar futuros esfuerzos de rendición de cuentas y garantizar que se sigan visibilizando los abusos cometidos en Nicaragua.
“La sociedad nicaragüense ha buscado en el proceso electoral una vía para iniciar una transición democrática con justicia y sin impunidad. Sin embargo, los procesos electorales de 2021 y 2022 se caracterizaron, como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), por graves violaciones a los derechos civiles y políticos, impidiendo la garantía de elecciones libres, justas y transparentes”, recalcó Valle en su intervención.
Tras un año de investigación exhaustiva el GHREN determinó que el Estado de Nicaragua cometió “crímenes atroces” y estas “violaciones y abusos a los derechos humanos perpetrados desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas”.
Es por eso que recomienda “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional”.