La corrupción es un mal inevitable, pero eso no debe ser motivo para ignorar que demasiadas muertes están estrechamente ligadas a ese mal universal. Uno de los problemas centrales radica en que quienes tienen el mandato, el poder y la obligación de luchar contra la corrupción, la promueven; pero eso no nos excluye de responsabilidad. Hay países donde el sistema de justicia funciona con un aceptable grado de transparencia del debido proceso, donde el respeto y cumplimiento de la ley es regla y no excepción, y donde los órganos operativos del Estado a cargo de hacer cumplir la ley, así como las instancias de la sociedad dedicadas a defender o acusar, actúan prácticamente dentro de un mismo marco: que los culpables paguen y los inocentes sean eximidos. Nicaragua está fuera de ese grupo de países, y por un amplio margen.
El abordaje de la corrupción es un tema de controversia y de profunda complejidad, pero si observamos la relación policía-conductores de vehículos en Nicaragua, concluimos que es uno de los escenarios de corrupción público-privada más evidentes, y también letal. El incremento sostenido de muertes por accidentes de tránsito desde inicios de la presente década, cerró 2023 con la alarmante cifra de un mil dieciséis fallecidos, es decir casi tres fallecidos por día, evidenciando el fracaso de las ruidosas campañas de prevención de accidentes y educación vial, las que en la práctica se traducen en verdaderas cruzadas de aplicación de multas con fines recaudatorios, así como la corrupta y descarada práctica de extorsión policial, que termina generalmente cuando el conductor cede la coima requerida, alimentando así la creciente espiral de corrupción que carcome la fibra moral de la sociedad.
El incremento de la mortalidad por accidentalidad vial, está estrechamente vinculada a la impericia de los conductores, fallas mecánicas, e irrespeto deliberado de leyes y normas que debe observar todo conductor, y que no excluye el papel de acompañantes y otros actores que operan en calles y carreteras: peatones, conductores y pasajeros de “otros vehículos” (caponeras, mototaxis, bicicletas, etc.), pero obtener una licencia de conducir, o un certificado de inspección mecánica, tiene un costo colateral, no oficial, con mecanismos y procedimientos bien aceitados: talleres de inspección mecánica, escuelas de manejo, operadores civiles y oficiales de policía, se encargan de subvertir el orden, convirtiendo la responsabilidad de autorizar la circulación de un vehículo, así como la de conducir un automotor, en el simple pago de una “comisión”.
El escenario descrito debe llamarnos a la reflexión para blindarnos contra la tentación de caer en la existente senda de corrupción establecida, tal vez así contribuyamos en la reducción de accidentes y muertes, no sea que la próxima víctima seamos nosotros mismos o un ser querido. Debilitemos la cadena de corrupción.
Ezequiel Molina
Febrero 21, 2024