La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictaminó, de manera provisional, que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras Argueta, no puede ser removida.
La corte le indicó al Gobierno que se “abstenga” de “todo acto” que “atente contra el mandato” de Porras Argueta. Esto luego que el presidente, Bernardo Arévalo de León, anunciara una reforma de ley para removerla del cargo antes de que expire su período en 2026.
El dictamen obedece a un recurso impuesto el domingo por la Fiscalía ante la Corte de Constitucionalidad, horas antes de que Arévalo de León expusiera en cadena nacional sus intenciones por remover a Porras Argueta del puesto que ocupa desde 2018.
Remoción vía reforma legal en Guatemala
Dicha remoción sería posible con una reforma de ley presentada por el gobernante ante el Congreso, que habilita la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general. La normativa vigente solo permite su salida mediante una condena en un proceso legal.
Para validar la reforma planteada por Arévalo de León, eran necesarios al menos 106 votos de los 160 escaños del Congreso. Así lo establece la ley guatemalteca.
Sin embargo, será el partido oficialista, el Movimiento Semilla, y el mismo Arévalo de León, quienes determinen si continúan adelante con la propuesta de ley ante el dictamen de la corte.
Durante una intervención el pasado domingo, el mandatario recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos, mientras ha encarcelado y acorralado a quienes exhiben la corrupción.
“El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo”, argumentó el mandatario en ese momento.
Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público están sancionados por Estados Unidos desde 2021 bajo señalamientos de “socavar” la Justicia en Guatemala.
A la fiscal general se le atribuyen los intentos por evitar la investidura de Arévalo de León en enero pasado.
Así como también la persecución judicial en los últimos años a más de 100 personas entre fiscales, jueces y periodistas, incluido el comunicador José Rubén Zamora Marroquín, preso desde 2022.
La votación de la Corte de Constitucionalidad fue de cuatro votos a favor y uno en contra.
Entre los magistrados que votaron a favor están Leyla Lemus, ex mano derecha del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y Néster Vásquez, sancionado por EE.UU. también bajo señalamientos de corrupción.
*EFE