San José, 10 de abril de 2026. Con el calendario electoral empezando a correr, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) enfrenta un reto logístico que trasciende lo administrativo: garantizar que miles de nuevos ciudadanos, muchos de ellos de origen nicaragüense con años de residencia en el país, logren empadronarse a tiempo. A pesar de la solidez del sistema tico, los cuellos de botella en la naturalización amenazan con dejar fuera a una parte vital del motor económico del país.
Naturalizaciones en el «limbo» institucional
Aunque el TSE es un referente regional, las quejas de usuarios por la lentitud en los trámites de naturalización han aumentado este semestre. En algunos casos, el paso final para obtener la ciudadanía y, por ende, el derecho al voto, supera los 12 meses de espera. Esta «paquidermia» burocrática se debe, en parte, a la saturación de las oficinas centrales y a la falta de personal para procesar el volumen récord de solicitudes que ha generado la estabilidad migratoria de la última década.
Una democracia con ciudadanos de segunda clase
La implicación es profunda: se está configurando una «democracia incompleta». Si miles de personas que pagan impuestos, consumen y construyen la realidad nacional no logran formalizar su derecho al voto por un retraso administrativo, se pierde representatividad. Para la comunidad nicaragüense nacionalizada, este retraso no es solo un papel faltante; es la imposibilidad de decidir sobre las políticas de seguridad, salud y educación que les afectan directamente en sus barrios.
Descentralización y justicia digital
El TSE puede y debe modernizar su alcance antes de que cierre el padrón electoral
Es urgente la implementación de un Plan de Contingencia de Naturalización que se traduce en Implementar un turno extraordinario o una «maratón de trámites» para evacuar las solicitudes rezagadas de nacionalización, priorizando a quienes ya cumplen con todos los requisitos legales.
Creación de “Quioscos Móviles de Empadronamiento”, no esperar a que el ciudadano vaya a las sucursales del TSE. La solución técnica es llevar unidades móviles a ferias del agricultor y centros comunales en zonas de alta densidad de población nacionalizada.
Y la “Digitalización del Trámite Final”, esto es habilitar la notificación y el juramento de nacionalidad vía digital (con las debidas seguridades) para evitar el desplazamiento físico que hoy colapsa las sedes regionales.
La fortaleza de la democracia costarricense no reside únicamente en la transparencia de sus urnas, sino en su capacidad para abrir la puerta a quienes han elegido este suelo como su hogar permanente. Agilizar el empadronamiento de los ciudadanos naturalizados no es solo un trámite administrativo pendiente, es un acto de justicia elemental. En una sociedad que se encamina hacia un nuevo ciclo electoral, asegurar que cada voz legítima sea escuchada es la única solución real para evitar que el silencio burocrático se convierta en una forma invisible de exclusión.