Ofrecer la ciudadanía uruguaya a los nicaragüenses que se le ha retirado la nacionalidad responde a la “arbitrariedad y autoritarismo” del régimen de Daniel Ortega, según el diputado uruguayo Conrado Rodríguez, autor de la iniciativa.
Rodríguez, del Partido Colorado (centro-derecha), que pertenece a la coalición del Gobierno, anunció el pasado mes la iniciativa para ofrecer la ciudadanía uruguaya a algunos de los más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, mediante una “gracia especial” de la Asamblea General uruguaya.
El régimen de Ortega retiró en febrero la nacionalidad a 317 nicaragüenses, y excarceló y expulsó a Estados Unidos a 222 presos políticos, además de confiscarles sus bienes, tras declararlos “traidores a la patria”.
La propuesta de Rodríguez recibió el apoyo del Partido Colorado a través de un comunicado en el que el Comité Ejecutivo Nacional de la formación señalaba que este era un “gesto de solidaridad” que reconoce una “larga y rica tradición” de Uruguay.
“Es una situación muy grave que viene de una escalada de arbitrariedad y autoritarismo por parte del régimen de Ortega y que ha llevado a retirarle la nacionalidad a más de 300 personas, algunas desde el extranjero para evitar la cárcel o la muerte”, dijo Rodríguez a EFE en una entrevista.
El legislador apuntó que apelará a un mecanismo de la Constitución uruguaya que otorga el derecho a la ciudadanía a los extranjeros “que obtengan gracia especial por servicios notables o méritos relevantes” y al que se ha recurrido en ocho casos en toda la historia uruguaya.
UN MECANISMO INUSUAL
Aunque la última vez que se activó este mecanismo legal fue en 1985, el diputado aseguró que si hay voluntad política habrá la mayoría necesaria para darles la nacionalidad a estos expatriados.
Rodríguez destacó que muchos de los opositores expulsados de Nicaragua reúnen los “méritos relevantes” de que habla la Constitución, y mencionó al escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente entre 1985 y 1990; a la escritora Gioconda Belli y a la presidenta del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, Vilma Núñez.
Para los casos en los que no existe esa calificación, el legislador señaló que Uruguay tiene la ley de refugiados políticos y la ley de apátridas, que ofrece determinadas protecciones.
CASO POR CASO
La abogada y catedrática en Derechos Humanos por la Universidad de la República (UdelaR) Mariana Blengio, dijo que si los expatriados viajaran a Uruguay y manifestaran su interés en quedarse, “podrían acogerse como refugiados mediante la protección del Estatuto del Refugiado”.
Otros gobiernos latinoamericanos, como los de Chile y Argentina, ya han anunciado que están en condiciones de otorgar la ciudadanía a los más de 300 opositores expatriados de Nicaragua.
*Con EFE