El observatorio ciudadano Urnas Abiertas, reportó “anomalías, irregularidades o violencia política” durante el fraude electoral en la Costa Caribe de Nicaragua realizado ayer domingo sin la participación del partido indígena YATAMA.
El reporte de Urnas Abiertas se da a través de la movilización de más de 200 personas miskitas, mayangnas, ulwas, garífunas, creoles, ramas y mestizas que participaron en este proceso colectivo como observadores para “denunciar y registrar el fraude electoral en la Costa Caribe”, indicó.
Entras las principales irregularidades registradas está que “el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó entrega de códigos, amenazas o presión a trabajadores del Estado”.
Según el observatorio, el régimen orteguista movilizó a adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas, a quienes “amenazó con quitarles la pensión”.
“Los trabajadores de salud son un grupo que destaca entre las víctimas de persecución y presión del FSLN para acudir a votar, como son los mensajes enviados por autoridades del MINSA a los trabajadores de la salud del Policlínico de Puerto Cabezas. Asimismo, se ha hecho manifiesto el traslado de enfermeras y enfermeros para obligarles a votar”, apuntó Urnas Abiertas.
Asimismo, el observatorio denunció que “profesores de la carrera de Derecho de la BICU enviaron mensajes a estudiantes con la amenaza de reprobar sus cursos, en caso que no certificaran su participación en las elecciones. De manera similar, a los jueces sin nombramiento en Waspán se les indicó que su nombramiento en el puesto podría asegurarse si iban a votar”.
Otras anomalías fueron: Detenciones arbitrarias, patrullaje policial en Bluefields y Puerto Cabezas, prohibición de ingreso a centros de votación a personas percibidas como opositores, policías armados dentro de los recintos de votación, entre otros.
“Estas elecciones regionales se convierten en el golpe final del régimen autoritario en Nicaragua”, dijo a EFE la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle.
“Con esto, además de imponer el control totalitario sobre todo el territorio nacional, también se está asegurando de lograr el control absoluto de los recursos naturales en estos territorios para explotarlos sin ningún contrapeso y continuar enriqueciéndose con la explotación minera y todos los negocios neoextractivos legales e ilegales que operan desde allí”, advirtió Valle.