Pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense demandan el rechazo definitivo del Proyecto Bio-Clima que discute actualmente su desembolso en Corea del Sur.
Anexa Alfred, originaria de la comunidad miskita Tuapí, del Caribe Norte de Nicaragua, actualmente exiliada en Suiza, e integrante de la la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, habló con La Mesa Redonda sobre el posible próximo desembolso del Fondo Verde del Clima para el proyecto del régimen orteguista llamado Bio-Clima.
Alfred aseguró que los pueblos indígenas consideran que el proyecto impactará de manera negativa a sus comunidades.
“Más allá de ver las ventajas que trae a los pueblos, hemos identificado el impacto negativo que tendrá, empezando porque el proyecto se llevó a cabo sin la consulta a las comunidades y es un derecho que toda acción que se ejecute en el territorio tiene que ser consultado con las comunidades indígenas. Las asambleas son las máximas autoridades, la primera instancia a consultar son las comunidades a través de sus asambleas, se omitió este proceso”, declaró Alfred.
“Lo que hemos detectado es que con el proceso acelerado de invasión de tierra que hay en los territorios indígenas, el proyecto va a venir a legalizar los crímenes de lesa humanidad. Ningún crimen ha sido investigado, judicializado, no hay información del gobierno en relación a ello, el recurso (los desembolsos del Fondo Verde) será para beneficiar a los colonos. Esto viene a legitimar algo ilegal, a instaurar la impunidad, no hay mecanismos de que los recursos llegarán a las comunidades, es muy ambiguo porque el proyecto fue aprobado sin consulta”, enfatizó Alfred.
Los fondos son un instrumento para darle a los mestizos recursos para exterminarnos
Los fondos aprobados del proyecto de Bio-Clima tienen como meta proteger el medio ambiente en territorio indígena, pero no existen mecanismos que protejan la identidad y cultura ancestral de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Así lo expresó George Henríquez, activista exiliado, defensor de derechos humanos e integrante de la comunidad afrodescendiente: “al final del día sí necesitamos un tipo de recursos para paliar el daño que nos han hecho, el problema es el proceso, cómo se ha llevado, además de quienes lo administrarán. Lo que nosotros vemos es que este proyecto va a contribuir a la colonización y el crecimiento de la frontera agrícola y ganadera. Esto no sólo se trata sobre fondos económicos, esto es para nosotros existencia, sobrevivencia, es un instrumento para darle a los mestizos un recursos para exterminarnos”.
Para Henríquez el sistema político actual, busca estos recursos para terminar de desplazar a los indígenas de su territorio, recordó cómo el Estado de Nicaragua está utilizando los recursos naturales para enriquecer a unos cuantos, por lo que es preocupante “que no se haya dado una consulta previa, informada” y se pregunta: ¿quién administrará los fondos? “Los mismos de siempre que promueven el desplazamiento de las comunidades”, destaca.
Desplazamiento forzado y etnocidio
Desde la perspectiva de los integrantes de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, la falta de respeto al territorio indígena afecta la conservación de su cultura, identidad y subsistencia como pueblos; por lo que consideran que, bajo un sistema político represivo como el actual en Nicaragua, de ser aprobado el desembolso del Fondo Verde solo se legitimaría la invasión de colonos, la destrucción de las reservas naturales y el etnocidio.
Para Alfred, quien es miembro del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el no garantizar el derecho de propiedad solo pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas: “ahora salen estos recursos que son bienvenidos para el régimen, pero hay acciones que están destinadas a un etnocidio, lo vemos en las acciones violentas en los territorios y ante la pasividad de la sociedad y de las instituciones que deben estar a cargo de este tema”.
Para ella la cantidad de asesinatos, secuestros, la usurpación del dominio público o comunal y el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, no ha calado ni a nivel nacional ni internacional. “El nivel de personas que han masacrado y no estamos en el discurso de la oposición, ni de la población y lo vemos incluso afuera ante los organismos internacionales”, dijo.
De acuerdo a un reciente informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPI), entre el año 2022 y el 2023, se han registrado violaciones a los derechos humanos en 83 comunidades de 17 territorios de la Costa Caribe Norte traducidos en 571 incidentes, entre los que destacan invasión de tierras por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía comunitaria.
Rol de la Unión Europea con relación al Fondo Verde
Muchos de los países europeos son parte del Fondo Verde, entre ellos Francia, Países Nórdicos y Alemania, quienes podrían contribuir a mejorar los mecanismos de aprobación de los fondos vinculándolos con el cumplimiento de los derechos humanos.
Alfred consideró que hasta ahora “el mecanismo del Fondo Verde no garantiza los derechos humanos, las comunidades no tienen una participación directa, hay muy poca información o se da una información manipulada de parte del Estado a los pueblos”.
Por su parte Manuel Prado, miskito, también miembro de la Plataforma, dijo que mientras, “no existan espacios democráticos, instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos, que se reconozca a los liderazgos históricos de las diferentes etnias y se tenga una relación directa también con ellos, entre otros, no se puede hacer ningún desembolso”.
¿Qué garantía tiene la UE y el Fondo Verde de que los fondos no serán usados para reprimir al pueblo?
La Mesa Redonda también consultó a la defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, participante del encuentro de las organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Unión Europea – CELAC sobre el tema y esto fue lo que dijo sobre la demanda de los pueblos:
“Como defensora de derechos humanos traigo en la agenda de incidencia, en el contexto de la Cumbre, la demanda no solo del Fondo Verde sino de que se evalúe el acuerdo de asociación entre la UE y Nicaragua, particularmente en la cláusula de desarrollo sostenible, porque hay un marco de derechos humanos que Nicaragua está obligada a cumplir y que está violentando”, mencionó.
Según explicó, el acuerdo plantea como condiciones, la protección social, la protección a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y, el diálogo social; sin embargo, para ella “el régimen está violentando todos estos elementos, el acuerdo de asociación es urgente evaluarlo para que identifiquen las incongruencias del régimen, sabemos que el discurso con el que vende la idea para esos financiamientos es que va a proteger los recursos naturales, pero todo mundo sabe que tenemos un modelo económico extractivo”.
Para Castillo las demandas planteadas aún no han tenido receptividad y en el caso de los fondos se sigue proporcionando recursos al Estado de Nicaragua, “nosotros quisiéramos pedirles a los organismos internacionales que dejen de tener ese doble discurso que por un lado los condenan y, por otro les están dando los borbollones de dinero, ¿qué garantía tienen los de la Unión Europea y los del Fondo Verde, que estos fondos otorgados no van a ser usados para seguir asesinando, criminalizando y fortaleciendo todo su régimen represivo?” concluyó.
Oposición Nicaragüense se pronuncia sobre el desembolso del Fondo Verde
Organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) solicitaron, a través de una nota de prensa, a la junta directiva del Fondo Verde para el Clima el no autorizar el desembolso de 115.7 millones de dólares para el proyecto de Bioclima aprobado a Nicaragua.
“Estos fondos al llegar a manos de la dictadura Ortega – Murillo serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe del país”, expresaron.
La Unión Europea pretende estrechar relaciones con América Latina, ¿qué sucederá en el caso de Nicaragua?
Lo que dice Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea en materia de Asuntos Exteriores, sobre Nicaragua:
“El Parlamento Europeo ha discutido la situación en Nicaragua nueve veces en los últimos tres años, porque a Europa le preocupa la situación de la gente y su sufrimiento. La UE ya ha introducido las sanciones: ‘medidas restrictivas’, como las llamamos en la Unión Europea. Hay más de 20 personas en la lista de sanciones europeas y tres organizaciones”.
Sin embargo, esta posición no implicará la suspensión de acuerdos comerciales con el país, según explicó: “opinamos que mantener el acuerdo comercial es importante, porque tiene ventajas y beneficios para la población. Si suspendemos algún acuerdo de cooperación y de comercio con Nicaragua, al régimen le va a dar igual, pero a la población no”.
Para Stano, la presión que ejercen sobre Nicaragua es positiva: “Estamos muy activos en la región para mantener esa presión. Pero es una presión positiva, no negativa: lo que queremos conseguir son libertades y derechos para la población”.
Por su parte, Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declaró públicamente que la Unión Europea (UE) debe poner a América Latina en el escenario geopolítico, porque su presencia en la región contribuirá con el combate de una serie de problemáticas sociales.
“Podemos ayudarles a combatir violencia, desigualdad, tráfico de drogas e inestabilidad política, tener una relación con América Latina más estrecha sería bueno para todos”, destacó.
La junta directiva del Fondo Verde para el clima realiza su reunión entre el 10 y 13 de julio en Corea, para valorar nuevamente si desembolsará o no a Nicaragua la cantidad de 115.7 millones de dólares para el proyecto de Bio-clima cuyo objetivo principal es promover la conservación y restauración forestal de las reservas Bosawás y Río San Juan, en Nicaragua.
El proyecto Bio-Clima aprobado a Nicaragua busca promover la conservación y restauración forestal de las reservas Bosawás y Río San Juan.