La co-dictadora Rosario Murillo confirmó este martes 12 de agosto la confiscación del Colegio San José de Jinotepe, Carazo, un centro educativo con más de 40 años de trayectoria dirigido por las hermanas de la Congregación Josefinas.
El inmueble, aseguró, será “trasladado al Estado” y rebautizado como “Héroe Bismarck Martínez”, en alusión a un trabajador municipal que el régimen afirma fue asesinado durante las protestas de 2018.
“En Jinotepe hubo un centro donde se torturó, se asesinó, el golpismo (…) y ¿dónde ocurrían esos crímenes? En el Colegio San José, desgraciadamente. Ese colegio ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie”, afirmó Murillo en su habitual intervención de mediodía.
Operativo de ocupación
La toma del colegio se concretó tras días de presencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Orteguista.
Las religiosas fueron notificadas de que debían desalojar y entregar toda la documentación del centro.
Docentes de la Unidad Sindical Magisterial (USM) informaron que padres de familia fueron convocados de urgencia para ser informados del cambio, mientras personal del Ministerio de Educación asumía el control.

Una trabajadora del colegio relató al medio Confidencial que, las presiones comenzaron cuando las monjas se negaron a izar la bandera del FSLN en las marchas patrias de septiembre pasado.
“Empezaron a amenazarlas”, dijo, y reveló que el personal ya había sido liquidado anticipando la confiscación.
La medida afecta a más de 600 estudiantes, desde preescolar hasta secundaria. Padres de familia expresaron preocupación por el futuro académico de sus hijos y rechazaron lo que consideran un intento de adoctrinamiento.
De condecoradas a despojadas
En 2016, la propia Asamblea Nacional —controlada por el orteguismo— otorgó a la Congregación Josefinas la “medalla de honor de oro” en reconocimiento a su labor desde 1915 en Nicaragua.
Además del Colegio San José de Jinotepe, administraban otros centros educativos y de atención social en Rivas, Diriamba, El Crucero, Managua, Masaya y Matagalpa.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina calificó este martes como “un día infame para la libertad religiosa en Nicaragua”, recordando la centenaria labor de las hermanas.
Justificación de la dictadura
Murillo aseguró que el cambio de nombre y la apropiación del inmueble son “una reivindicación” de la “lucha digna y victoriosa de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo” en la llamada Operación Limpieza de 2018, durante la cual policías y paramilitares atacaron a manifestantes atrincherados en barricadas en Carazo.
Murillo adelantó que el centro será reinstalado la próxima semana bajo administración estatal, prometiendo gratuidad en la matrícula.
