Diversas voces nicaragüenses han condenado la reciente confiscación del Colegio San José, administrado por la Congregación de Hermanas Josefinas en Jinotepe, Carazo, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida, confirmada por la co-dictadora Rosario Murillo, es considerada un nuevo golpe contra la Iglesia Católica y la educación en Nicaragua.
“En Jinotepe hubo un centro donde se torturó, se asesinó, el golpismo (…) y ¿dónde ocurrían esos crímenes? En el Colegio San José, desgraciadamente. Ese colegio ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie”, afirmó ayer Murillo en su habitual intervención de mediodía.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que “además de confiscar la propiedad de las monjitas, la co-dictadora Rosario Murillo les llama asesinas y torturadoras”.
Recordó que las Hermanas Josefinas, presentes en Nicaragua desde febrero de 1915, “han educado a niños y niñas en valores cristianos y humanistas sustentados en el amor al prójimo y la práctica de la caridad”.
El sacerdote Edwing Román calificó el hecho como “un robo de la dictadura a la misma ciudadanía”, señalando que la acción no solo arrebata infraestructura, sino también “educación integral y valores espirituales” a la comunidad.
La organización Carazo Azul y Blanco, integrada por caraceños dentro y fuera del país, emitió un pronunciamiento en el que repudia la “confiscación arbitraria del histórico Colegio San José”, acusando al régimen de ejecutar una “venganza política” contra la institución.
Recordaron que en abril de 2018 el centro educativo “abrió sus puertas para atender a personas heridas, brindar auxilio a quienes resistían en los tranques y se negó a someter su comunidad educativa a símbolos partidarios”.
El movimiento denunció la “criminalización de la solidaridad”, el “uso político de la educación” y un “patrón sistemático de saqueo y control social” mediante la confiscación de bienes.
Exigieron la devolución inmediata del colegio a sus legítimos administradores y el fin de la represión contra instituciones educativas y religiosas.
Por su parte, la Gran Coalición Opositora Nacional (GCON) afirmó que “el descaro de la dictadora Rosario Murillo no tiene límites” y que la medida forma parte de una “persecución y confiscaciones a la Iglesia Católica” como estrategia de represión.
La confiscación del Colegio San José se suma a una larga lista de bienes eclesiásticos y comunitarios incautados en los últimos años, en un contexto de creciente hostigamiento de la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia y la sociedad civil en Nicaragua.