La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica rechazó este martes los señalamientos de organizaciones de sociedad civil que denunciaron un “grave debilitamiento” de la institución tras el recorte de ₡147,3 millones a su presupuesto, incluido en el Presupuesto Extraordinario 2025.
A través de un comunicado en redes sociales y declaraciones del viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla, la institución aseguró que la reducción no compromete sus funciones esenciales ni los programas que atienden directamente a la población migrante.
“Queremos rechazar categóricamente las manifestaciones efectuadas por un representante de organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa. No es cierto que esta disminución en el presupuesto vaya a afectar la gestión de refugio ni los servicios de Migración”, dijo Badilla.
Argumentos de Migración
Migración explicó que los recursos reasignados corresponden a partidas que no tenían relación directa con la atención de personas migrantes y que no serían utilizadas.
Según Badilla, el ajuste no afectará procesos clave como la emisión de pasaportes, los trámites de refugio o la labor de la Policía Profesional de Migración.
El jerarca aseguró que:
Refugio: la mora se redujo de 220.000 a 173.000 expedientes, con un tiempo de espera para citas de aproximadamente un año.
Extranjería: se trabaja en una estrategia para bajar de 39.000 a 18.000 los casos pendientes antes de diciembre.
Pasaportes: se recibieron 600.000 nuevas libretas biométricas, lo que garantiza la demanda.
Documentación: los atrasos actuales son de una a dos semanas, “no significativos”, según el funcionario.
“Si bien es cierto, existen limitaciones del recurso humano, estamos trabajando al 100%. Esta reducción no representa ninguna afectación en los programas sustantivos, ni de la Dirección General de Migración, ni en la Policía Profesional de Migración. Con lo que, contradecimos cada uno de los argumentos que hizo el representante”, concluyó Badilla.
Denuncia de organizaciones
Horas antes, diez organizaciones de derechos humanos y colectivos de población migrante expresaron en conferencia de prensa su “rotundo rechazo” al recorte presupuestario.
El pronunciamiento fue leído en la Asamblea Legislativa por Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU).
Según los colectivos, la rebaja debilita áreas críticas como la emisión de pasaportes y DIMEX, los procesos de refugio y el funcionamiento del Tribunal Administrativo Migratorio, que también sufrió una reducción de ₡8,7 millones.
“Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos”, advirtió el comunicado conjunto. “Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado y los recortes la colocan al borde del colapso”.
Las organizaciones alertaron que la Unidad de Refugio, con más de 224.000 casos pendientes, quedará aún más rezagada, y recordaron que varias oficinas regionales dependen de cooperación internacional para sostener su operación.
Impacto en derechos y en la economía
El comunicado subrayó que la reducción presupuestaria compromete derechos fundamentales como el acceso a la identidad legal, la justicia y el debido proceso, y la igualdad de trato, al prolongar trámites que ya acumulan demoras de hasta 12 meses.
Además, resaltaron que la población migrante representa el 10% de los habitantes y aporta cerca del 11% del PIB nacional.
“No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral”, sostuvieron.