La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió el jueves 2 de octubre, a dos altos mandos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en el marco de la investigación sobre el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en junio pasado en Moravia.
El jefe de Operaciones de la DIS, Wilberth Villegas, reconoció ante los diputados que la institución había catalogado a Samcam como un “sujeto de alto perfil” desde finales de 2018, pero que perdió contacto con él a partir del primer semestre de 2023, tras cambios internos en los equipos de campo que le daban seguimiento.
“Después de ese momento dejamos de recibir información sobre don Roberto. El día de su asesinato nos enteramos, como la mayoría, por la prensa”, declaró Villegas, quien recordó que la primera reunión con Samcam se dio cuando este llegó acompañado de otro exoficial de la Policía de Nicaragua.
“Lo recibimos en la institución, llegó acompañado de otro alto funcionario de la policía de Nicaragua y vamos a identificarlo como Juan Pedro, llegaron juntos. Nos contó sobre su situación, lo que estaba pasando Nicaragua, lo que pensaba que iba a pasar”, contó el jefe de operaciones de la DIS.
Según relató, en ese encuentro se le compartió una “cuartilla” con recomendaciones básicas de seguridad, como tener a mano números de emergencia y acudir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en caso de amenazas.
“Nos dijo claramente que en Nicaragua era perseguido, y mostró interés en publicar una investigación sobre la complicidad del ejército en actos de represión”, añadió.
Por su parte, Edgar Arias, jefe de Contrainteligencia de la DIS, aseguró que durante su gestión —que inició en agosto de 2023— nunca tuvo contacto con Samcam ni lo consideró un colaborador de su área.
Explicó que, debido al principio de compartimentación, cada departamento maneja información de manera aislada y que su dependencia no contaba con reportes sobre él.
Ambos funcionarios reiteraron que la DIS no tiene protocolos para brindar seguridad directa a refugiados o exiliados, ya que su mandato legal no contempla recibir denuncias ni brindar protección.
“No tenemos un protocolo para este tipo de situaciones, ya lo explicó don Jorge. La ley de policía no nos faculta a recibir denuncias, ni dar protección a nacionales, extranjeros”, indicó Villegas.
“Nuestro trabajo es procesar información para análisis de riesgos y trasladarla a las autoridades competentes”, añadió.
Arias subrayó que la DIS no especula sobre las causas del asesinato de Samcam. Aseguró que su papel es analizar fenómenos que puedan impactar la seguridad nacional, pero no brindar protección directa a personas.
Las explicaciones generaron cuestionamientos de varios legisladores costarricenses, entre ellos la diputada independiente Cynthia Córdoba, quien expresó su frustración por la falta de claridad en las funciones de la institución.
“Cada vez me convenzo más del proyecto de ley para quitar a la DIS. Hay un gran desorden, no hay claridad de funciones, no hay seguimiento”, afirmó Córdoba.
El caso de Samcam ha despertado fuertes cuestionamientos sobre la seguridad de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica. El exmilitar, conocido analista político y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado el 19 de junio en su vivienda en Moravia.
El 12 de septiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en Tibás y Guanacaste y detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas al crimen: Una mujer de apellidos Chacón Guillén de 30 años, un hombre de apellido Chaves de 35 años, un hombre de apellido Robles de 23 años y otro de apellidos Castro Pérez, hombre de 33 años.
Se encuentra prófugo Luis Carvajal Fernández de 20 años, supuesto sicario.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que uno de los detenidos habría sido el encargado de reclutar a los sicarios. La investigación se mantiene en curso y no se descarta un trasfondo político en el crimen.