El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un aumento del 4 % en los salarios de los empleados públicos, incluidos policías y militares, a partir del 1 de noviembre.
Sin embargo, el incremento apenas representa un alivio mínimo frente al alto costo de la vida: el salario promedio estatal, de 15.632 córdobas (426,8 dólares), continúa muy por debajo del valor de la canasta básica, que supera los 20.000 córdobas (más de 540 dólares), según cifras oficiales.
El ajuste salarial beneficiará a 187.666 servidores públicos de los cuatro poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral—, entre ellos oficiales de la Policía y soldados del Ejército de Nicaragua, informó Rosario Murillo en medios oficialistas.
De acuerdo con el anuncio, 132.129 empleados recibirán un aumento del 4 %, mientras que los 55.537 con los salarios más bajos tendrán un incremento adicional del 3,98 %, para un total del 7,98 %.
Con ese ajuste, el salario promedio del sector público pasará de 15.031,5 a 15.632,8 córdobas, equivalente a 426,8 dólares mensuales, según el tipo de cambio oficial. En el caso del salario mínimo estatal, que actualmente es de 8.334 córdobas (227,6 dólares), subirá a 8.999 córdobas (245,7 dólares).
No obstante, el alza resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica nicaragüense, que en agosto de 2025 fue estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en 20.405 córdobas, es decir, más de 550 dólares al cambio oficial.
Esto significa que incluso con el incremento, un trabajador que gana el salario promedio apenas cubre tres cuartas partes del gasto mensual necesario para una familia de cuatro personas, mientras que quien percibe el salario mínimo solo alcanza a cubrir el 44 % de esa canasta.
Los incrementos también se reflejarán en el pago del aguinaldo o decimotercer mes, que por ley se entrega en los primeros diez días de diciembre.
El régimen prevé que la economía nicaragüense crezca entre un 3 % y un 4 % en 2025, con una inflación proyectada en el mismo rango, según el Banco Central.
Sin embargo, economistas independientes advierten que la inflación real en alimentos y servicios básicos supera el 6 % anual, lo que erosiona aún más el poder adquisitivo de las familias.
Mientras el régimen destaca el aumento como “una muestra de justicia laboral”, analistas señalan que el ajuste es principalmente simbólico y busca sostener el consumo interno y la lealtad del aparato estatal, en un contexto de altos niveles de pobreza y control político sobre el sector público.