El Instituto CASLA denunció el jueves un incremento sostenido de la represión transnacional ejercida por las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, que —según la organización— han extendido sus redes represivas más allá de sus fronteras para vigilar, intimidar y castigar a opositores políticos refugiados en terceros países.
En un comunicado difundido en sus redes oficiales, el centro que dirige Tamara Sujú alertó que ciudadanos venezolanos y nicaragüenses están siendo víctimas de patrones similares de persecución, incluyendo espionaje, amenazas, campañas de difamación, violencia directa, secuestros y hasta atentados, además de la persecución y encarcelamiento de familiares en sus países de origen como forma de castigo o coerción.
“Esta política viola de forma flagrante los tratados internacionales sobre derechos humanos y representa una amenaza directa contra la libertad, la integridad y la vida de cientos de personas en el exilio”, advierte el documento.
Nicaragua: vigilancia, amenazas y despojo de nacionalidad
El Instituto CASLA señaló que Nicaragua es uno de los casos más graves de represión transnacional en América Latina, particularmente desde el asesinato en junio pasado del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica, donde el exmilitar se encontraba refugiado.
Desde ese hecho, el organismo documenta un aumento de las amenazas, hostigamiento y espionaje contra exiliados nicaragüenses, algunos de los cuales han decidido salir del país por temor a ser atacados.
Entre los casos más recientes, CASLA mencionó el del defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en el Exilio (ANPDH), quien renunció a su condición de refugiado en Costa Rica tras denunciar que su seguridad estaba en riesgo.
Otras víctimas, como integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres y periodistas exiliados, han reportado campañas de difamación, vigilancia y seguimiento directo por parte de presuntos agentes del régimen de Ortega y Murillo.
El comunicado subraya que la privación arbitraria de la nacionalidad y la anulación de pasaportes se han convertido en “una de las formas más graves de represión transnacional” impulsadas desde Managua.
Estas medidas, sostiene CASLA, no solo castigan políticamente a los disidentes, sino que los dejan en condición de apatridia y vulnerabilidad extrema, al despojarlos de su identidad jurídica y de la protección que otorga la ciudadanía.
“Al dejar sin documentos a periodistas, defensores de derechos humanos y ex presos políticos en el exilio, el régimen proyecta su control más allá de las fronteras nacionales, extendiendo la persecución y el castigo fuera del territorio nicaragüense”, destaca el comunicado.
Llamado urgente a la comunidad internacional
Ante esta situación, el Instituto CASLA pidió a la Comunidad Internacional, organismos de derechos humanos y países de acogida adoptar medidas inmediatas de protección para las personas amenazadas o atacadas, y garantizar que no haya impunidad.
El comunicado propone cuatro acciones principales:
- Garantizar protección inmediata a quienes enfrentan amenazas o agresiones, y sancionar a los responsables políticos y operativos.
- Cumplir las obligaciones internacionales con solicitantes de asilo y refugiados políticos.
- Investigar las amenazas públicas y montajes judiciales contra disidentes en el exilio, y exigir el cese de estas prácticas de “terrorismo de Estado”.
- Brindar apoyo y acompañamiento a los perseguidos y acosados en países receptores.
Finalmente, CASLA reiteró su rechazo absoluto a toda forma de violencia, estigmatización o persecución contra quienes defienden la libertad y los derechos humanos, y reafirmó su compromiso de seguir documentando y denunciando los crímenes de represión transnacional cometidos por los regímenes de Venezuela y Nicaragua.