El régimen Ortega-Murillo otorgó nuevas concesiones mineras a empresas chinas, ampliando significativamente la presencia de ese país en el sector extractivo nacional, según resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta.
De acuerdo con la información, las concesiones mineras otorgadas entre 2023 y 2025 superan las 500.000 hectáreas, y la compañía Thomas Metal aparece como la principal beneficiaria, con cerca de 190.000 hectáreas adjudicadas.
Entre las nuevas licencias destaca la entregada a la empresa Zhong Fu Development S.A., que recibió autorización para explotar minerales metálicos y no metálicos en un área de 9.300 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, específicamente en los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes.
La concesión, válida por 25 años, se suma a otras dos otorgadas anteriormente a la misma firma: una por 20.150 hectáreas y otra por 201,3 hectáreas en la Costa Caribe Norte.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas aprobó dos nuevas concesiones para la empresa New Era Mining, representada por el ciudadano chino Bo Tong: una de 13.391 hectáreas en Chontales y otra de 7.300 hectáreas en Chinandega, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Honduras.
En total, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años, que abarcan aproximadamente 600.000 hectáreas, incluyendo zonas ubicadas dentro de áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.
Denuncias de ambientalistas y comunidades indígenas
Organizaciones ambientalistas y de la oposición en el exilio han denunciado que estas concesiones constituyen un “ecocidio” y una violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La Fundación del Río, dirigida por el ambientalista Amaru Ruiz, ha señalado que muchos de los permisos fueron otorgados sin consulta previa a las comunidades locales y dentro de zonas ambientalmente protegidas.
La ONG también advirtió que el 6 de mayo de 2025 se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua, lo que —según denunció— facilita la expansión de la minería industrial y artesanal en regiones de conservación.
Por su parte, la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) exigió al Estado nicaragüense anular las licencias mineras otorgadas a empresas chinas, al considerar que implican una entrega masiva del territorio nacional a intereses extranjeros.
*Foto cortesia