Desde 2018, el régimen sandinista ha ejecutado una purga interna sostenida que trasciende la represión contra la oposición política y alcanza a empresarios, militares, comandantes históricos, asesores de seguridad, abogados y exfuncionarios del propio sandinismo. Muchos de ellos permanecieron en Nicaragua, mantuvieron negocios activos y relaciones funcionales con el régimen después de la crisis de 2018, pero posteriormente fueron considerados riesgos internos, traidores o piezas prescindibles.
El patrón de castigo es consistente y deliberado: reparos fiscales millonarios, embargos judiciales, confiscación de empresas, cierre y apropiación de ONG, inmovilización de proyectos inmobiliarios, cierre de cuentas bancarias, prisión política, arrestos domiciliarios (“país por cárcel”), desapariciones de facto y destierros forzados. El mensaje interno es inequívoco: la lealtad no es ideológica ni institucional, sino personal, revocable y condicionada al control absoluto del poder.
1. Alejandro Martínez Cuenca — Joya de Nicaragua y FIDEG
Empresario histórico del sandinismo económico. Su empresa Joya de Nicaragua, S.A., dedicada a la producción y exportación de puros, fue objeto de un embargo fiscal y judicial por una supuesta deuda de aproximadamente 15.3 millones de dólares, con medidas cautelares sobre bienes y cuentas bancarias.
Adicionalmente, el régimen canceló y confiscó su ONG, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), una de las principales instituciones privadas que medía pobreza, empleo y condiciones de vida en Nicaragua. Martínez Cuenca se encuentra actualmente bajo régimen de país por cárcel, combinando castigo patrimonial, institucional y personal.
2. Álvaro Baltodano Cantarero y Álvaro Baltodano Monroy (padre e hijo)
El general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exjefe de la agencia oficial de promoción de inversiones y operador clave del sandinismo económico internacional, fue condenado a 20 años de prisión, acusado de traición y despojado de sus bienes.
Su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, fue acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, dentro del mismo expediente de confiscación patrimonial. Ambos fueron reportados inicialmente como desaparecidos y actualmente se encuentran presos cumpliendo condena en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo”, constituyendo uno de los castigos familiares más severos aplicados dentro del sandinismo.
3. Bayardo Arce Castaño — Agricorp
Miembro de la Dirección Nacional del FSLN y uno de los arquitectos del modelo económico sandinista. Su conglomerado agroindustrial Agricorp, dedicado a la producción y comercialización de alimentos básicos, fue sometido a una asfixia financiera progresiva, con reparos fiscales cercanos a los 13–14 millones de dólares, además de presiones crediticias y comerciales.
Arce fue reportado durante meses como desaparecido, posteriormente detenido sin información judicial clara y actualmente se encuentra preso cumpliendo condena en la cárcel La Modelo, marcando la caída de una de las figuras económicas más influyentes del régimen.
4. Oswaldo Lacayo
General en retiro del Ejército de Nicaragua. Aunque no fue procesado directamente, su hijo fue condenado a 19 años de prisión por delitos de lavado de dinero y crimen organizado. Tanto Oswaldo Lacayo como su hijo se encuentran bajo régimen de país por cárcel, configurando un castigo indirecto de carácter familiar contra un militar histórico del sandinismo.
Adicionalmente, los negocios familiares enfrentan trabas sistemáticas en la obtención de permisos y solvencias estatales. Un caso representativo es la finca cafetalera La Cumplida, donde Joaquín Cuadra es socio, y en la que se reportan dificultades constantes para conseguir la permisología necesaria para operar, afectando directamente la viabilidad del negocio.
5. Joaquín Cuadra Lacayo
Exjefe del Ejército y uno de los símbolos del sandinismo histórico, fue durante años beneficiario del sistema, con propiedades de alto valor en Las Colinas y en playas de Tola.
Su caída comenzó tras la difusión de una fotografía en la que aparece marchando con camisa blanca y la bandera azul y blanco, junto a su cuñado Oswaldo Lacayo, y los generales en retiro Manuel Salvatierra y César Delgadillo.
Desde entonces, su entorno familiar y empresarial ha sido objeto de presión judicial y laboral, especialmente en empresas vinculadas a la Zona Franca Rocedes, y su hijo mayor, Carlos Joaquín Cuadra González, fue forzado al destierro hacia El Salvador. Joaquín Cuadra permanece bajo régimen de país por cárcel, en un castigo preventivo y de desgaste prolongado.
6. Néstor Moncada Lau
Ex asesor de seguridad, secretario de la presidencia y operador clave del aparato de inteligencia política del régimen. Tras su salida abrupta del círculo de poder, fue reportado como desaparecido y posteriormente recluido en la cárcel La Modelo, donde cumple condena por corrupción, tráfico de influencias entre otros delitos.
Su caso demuestra que ni los operadores del aparato de seguridad están protegidos cuando pierden la confianza del núcleo gobernante.
7. Mario Salinas Pasos
Ex presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y beneficiario en su momento de créditos estatales, incluidos fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Actualmente se encuentra condenado por traición a la patria, bajo el régimen político de país por cárcel, y ha sufrido despojo patrimonial total, reflejando la caída en desgracia de antiguos funcionarios económicos del sandinismo.
8. Huascar González Rodríguez
Abogado identificado públicamente como sandinista y operador político en círculos cercanos al poder, fue detenido y procesado penalmente y actualmente permanece preso cumpliendo condena por lavado de dinero y tráfico de influencias en el Sistema Penitenciario “La Modelo”.
Asimismo, ha sido identificado como operador directo de Néstor Moncada Lau, lo que refuerza la tesis de que su caída forma parte de la purga interna del aparato jurídico-político del régimen, alcanzando incluso a quienes actuaban como intermediarios informales del sistema represivo. De acuerdo con señalamientos conocidos, fue acusado de cobrar dinero a familiares de presos políticos a cambio de supuestos beneficios, que en muchos casos nunca se materializaron.
9. Samuel Santos
Ex canciller sandinista y figura histórica del régimen. Permanece bajo régimen de país por cárcel, mientras miembros de su entorno familiar han sido desterrados, en una estrategia de castigo indirecto destinada a neutralizar políticamente sin encarcelar formalmente.
A ello se suma la intervención de sus empresas agrupadas bajo la denominación Grupo Inverti, lo que amplía el castigo al ámbito patrimonial y empresarial, y confirma el uso de mecanismos administrativos y económicos como instrumentos de presión política contra antiguos cuadros del sandinismo.
10.Eduardo Hollmann Chamorro — Playa Hermosa Ecolodge y La Prensa
Exalcalde sandinista de San Juan del Sur y miembro de la familia propietaria del histórico diario La Prensa. Ha sufrido la ocupación y confiscación del establecimiento turístico Playa Hermosa Ecolodge, ubicado en una de las zonas de mayor valor inmobiliario del Pacífico nicaragüense.
Adicionalmente, el régimen ejecutó la confiscación del edificio, bienes muebles, equipos y operaciones del diario La Prensa, uno de los medios de comunicación más antiguos del país. El caso representa un castigo patrimonial, político y simbólico de alto impacto, dirigido tanto al sector empresarial como al control absoluto del espacio informativo.
11. Jaime Wheelock Román — IPADE y Proyecto Hacienda Iguana
Comandante histórico del sandinismo y exministro de Reforma Agraria. Su proyecto inmobiliario “Iguana”, ubicado en el municipio de Tola, fue inmovilizado por orden estatal, impidiendo su desarrollo y explotación económica.
Asimismo, el régimen canceló y confiscó la ONG Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), vinculada a Wheelock, despojándola de su personería jurídica y bienes. Wheelock se encuentra bajo régimen de país por cárcel, confirmando que ni los fundadores del sandinismo están exentos de la purga interna.
12.Ricardo Meléndez — Centro Kakaú
Fue miembro del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción, Banco Produzcamos, representando al sector privado desde 2015 hasta que fue destituido por órdenes de la copresidenta en octubre de 2025. Además de socio de la constructora Lacayo Fiallos, es un empresario vinculado a proyectos inmobiliarios, entre ellos Centro Kakaú, un complejo empresarial y comercial. El régimen ordenó el cierre de sus cuentas bancarias en Nicaragua, paralizando sus operaciones, y posteriormente fue forzado al destierro hacia Panamá, en un caso de expulsión silenciosa del sandinismo económico.
13.Luis Felipe Lacayo Urcuyo — Compañía Recicladora de Nicaragua (Grupo CCN)
Empresario y sobrino del general en retiro Oswaldo Lacayo, así como también socio de la constructora Lacayo Fiallos junto a Ricardo Melendez. Una empresa de su grupo, Compañía Recicladora de Nicaragua, S.A., fue objeto de un embargo fiscal por aproximadamente 79 millones de dólares, uno de los mayores reparos económicos registrados en años recientes.
Lacayo Urcuyo se encuentra bajo régimen de país por cárcel, cerrando el círculo del mensaje disciplinador del régimen.
Conclusión
En conjunto, estos casos revelan una reconfiguración autoritaria del sandinismo, donde el control político se ejerce mediante confiscación selectiva, fiscalización punitiva y castigo ejemplar, incluso contra sus propios aliados históricos. El resultado es un sistema donde el miedo sustituye a la lealtad ideológica, y donde el patrimonio, la libertad personal y la permanencia en el país se convierten en instrumentos de control interno.