La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a uno de sus hombres históricos, Bayardo Arce Castaño, por el delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua, en un fallo que marca un nuevo episodio de purga interna y reacomodo de poder dentro del régimen sandinista.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó este martes que el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua declaró la responsabilidad penal de Arce Castaño —asesor económico presidencial durante décadas— y de Ricardo Bonilla Castañeda, tras un proceso judicial llevado a cabo bajo el control absoluto del aparato judicial del régimen.
Según la versión oficial, ambos participaron en un esquema estructurado y sostenido para el ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito, provenientes de evasión fiscal, mediante el uso de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras diseñadas para disimular el origen y destino del dinero.
Cabe recordar que Arce fue detenido por la Policía el 30 de julio de 2025 en su casa.
Un entramado financiero con testaferros y sociedades de fachada
De acuerdo con la sentencia, durante el juicio oral y público se “logró demostrar” la trazabilidad de los recursos ilícitos a través de un complejo mecanismo que incluía el reclutamiento de empleados y terceros para figurar como socios aparentes, con el objetivo de ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones.
La autoridad judicial identificó un total de 49 sociedades mercantiles vinculadas al esquema, de las cuales 35 eran utilizadas activamente para canalizar flujos de capital provenientes de la evasión fiscal sistémica.
Estas estructuras, según la PGJ, formaban parte de una “ingeniería societaria ilícita” orientada a lavar dinero y distorsionar el sistema económico nacional.
El fallo también señala la utilización de préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, como parte del proceso de estratificación y blanqueo de capitales.
Más de 2,700 millones de dólares bajo investigación
Uno de los aspectos más llamativos del fallo es la magnitud de los montos involucrados. La sentencia sostiene que las conductas acreditadas permitieron la integración de capitales ilícitos por un monto de 2 mil 713 millones 583 mil 217 dólares, además de 82 mil 344 millones 806 mil 790 córdobas, cifras que el propio órgano judicial calificó como un daño “doloso” y de gran impacto al patrimonio nacional.
En consecuencia, y en aplicación de la Ley N.° 735 —Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado—, el juzgado ordenó la cancelación inmediata de las sociedades involucradas y el decomiso de bienes vinculados al entramado financiero.
Otros señalados y causas abiertas
Dentro del mismo esquema delictivo, la Procuraduría identificó como coautores a los hermanos Amelia Ybarra (esposa de Bayardo Arce) y Amilcar Manuel Ybarra, quienes actualmente se encuentran en condición de “prófugos de la justicia”.
Se conoce que la esposa de Arce y su cuñado se encuentran en Costa Rica, luego de huir de Nicaragua a finales de diciembre de 2025.
La causa penal en su contra permanece abierta, según confirmó la PGJ, conforme a la legislación procesal penal vigente.
Un proceso que genera lecturas políticas
Más allá de la narrativa oficial sobre la “lucha contra la corrupción”, el caso Bayardo Arce ha despertado múltiples lecturas en círculos políticos y de análisis.
Arce no es un funcionario menor: fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y, durante años, el principal operador económico del régimen.
Su condena ocurre en un contexto marcado por el control absoluto del Poder Judicial por parte del régimen, la ausencia de independencia institucional y una serie de procesos penales selectivos que han afectado tanto a opositores como a antiguos aliados del sandinismo.
Para analistas críticos, el caso no representa un giro genuino hacia la rendición de cuentas, sino una señal de reconfiguración interna del poder económico y político dentro del círculo Ortega-Murillo, donde antiguos cuadros pueden convertirse en prescindibles.
En su nota de prensa, la Procuraduría General de Justicia afirmó que el fallo demuestra su “compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”, y aseguró que continuará ejerciendo acciones legales para “proteger los intereses del Estado y del pueblo nicaragüense”.