El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó recursos del Estado de Nicaragua para financiar la represión contra la población, mediante un sistema de corrupción que desvió fondos públicos y capturó instituciones estatales, según afirmó a la abogada uruguaya Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
De acuerdo con la experta, las investigaciones del organismo concluyen que la corrupción no fue un fenómeno aislado, sino un mecanismo estructural utilizado para sostener las operaciones represivas del régimen desde 2018.
Durante una entrevista con La Mesa Redonda, Peralta explicó que el principal aporte del reciente informe del GHREN es demostrar la conexión directa entre corrupción estatal y represión política ejercida por la dictadura nicaragüense.
“El informe es novedoso porque demuestra que la corrupción no fue un fenómeno accesorio o imprevisto, sino un mecanismo central para financiar y sostener la represión estatal”, afirmó la experta.
Desvío de recursos públicos para operaciones represivas
De acuerdo con el informe, la investigación documenta desviación de fondos públicos, manipulación presupuestaria y captura partidaria de instituciones estatales, utilizados para financiar operaciones de control político y represión contra la población.
Peralta indicó que el equipo de expertos tuvo acceso a documentación contable y registros financieros que permitieron reconstruir el funcionamiento de este sistema.
“Accedimos a documentación contable que fue contrastada rigurosamente. Siempre realizamos un trabajo de verificación y contrastación para evitar errores. Es un proceso largo y especializado”, explicó.
Según el análisis del grupo, la manipulación de presupuestos y simulaciones contables permitieron financiar operaciones represivas, especialmente durante la llamada ‘Operación Limpieza’, ejecutada tras las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
El informe sostiene que recursos públicos fueron utilizados para logística, transporte, movilización y operaciones de represión, incluso mediante gastos registrados formalmente en alcaldías o instituciones estatales para otros fines.
Identificación de la cadena de mando
El documento también identifica una estructura organizada para canalizar los recursos utilizados en la represión.
Según Peralta, la investigación apunta a un esquema que operaba bajo la coordinación de Rosario Murillo y del secretario administrativo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Fidel Moreno.
“Fue toda una organización preparada que canalizaba recursos y facilitaba el desvío de fondos”, señaló la experta.
El informe describe la existencia de equipos financieros, de auditoría y coordinación dentro de estructuras vinculadas al sandinismo, encargados de gestionar los recursos destinados a estas operaciones.
El grupo de expertos ya había identificado previamente más de 50 personas que formarían parte de la cadena de responsabilidades, a las que ahora se suman nuevos nombres vinculados al manejo de recursos para la represión.
Obstáculos para la justicia internacional
Peralta advirtió que actualmente no existen condiciones para investigar o juzgar estos hechos dentro de Nicaragua, debido a la falta de independencia judicial.
“No puede haber acceso a la justicia ni juicio justo en Nicaragua en este momento”, afirmó.
Aunque el informe documenta responsabilidades individuales, la experta explicó que los mecanismos de justicia internacional son limitados.
Por ejemplo, señaló que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Nicaragua porque el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, mientras que la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre Estados y no casos individuales.
No obstante, Peralta indicó que algunos países podrían aplicar sanciones individuales o mecanismos de jurisdicción universal contra responsables de abusos.
Represión que trasciende fronteras
La experta también advirtió que el informe documenta un fenómeno de represión transnacional, en el que el aparato estatal nicaragüense habría extendido acciones de vigilancia y control más allá de sus fronteras.
Según explicó, el grupo identificó el uso de misiones diplomáticas y consulares para actividades de inteligencia política y seguimiento a opositores en el exilio.
Entre los casos señalados se menciona a Valdrack Jaentschke, quien habría desempeñado funciones diplomáticas en distintos países mientras realizaba tareas vinculadas al control político y la recopilación de información sobre opositores.
El informe sostiene que la acumulación y rotación acelerada de cargos diplomáticos en países de la región no respondía a funciones diplomáticas ordinarias, sino a una estrategia para monitorear a la diáspora nicaragüense.
“Estas tareas estaban orientadas a la recolección sistemática de información y al seguimiento de actores considerados opositores”, explicó Peralta.
Violaciones que afectan a exiliados y sus familias
El grupo también documentó lo que denomina “violaciones por extensión”, que afectan tanto a personas exiliadas como a sus familiares que permanecen en Nicaragua.
Según el informe, quienes han sido expulsados o despojados de su nacionalidad enfrentan confiscación de bienes, pérdida de derechos civiles y exclusión financiera, lo que Peralta describe como una “muerte civil y económica”.
Además, familiares en Nicaragua son objeto de vigilancia, hostigamiento y restricciones administrativas.
El informe señala que más de 450 personas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad, mientras que otras enfrentan situaciones de apatridia de facto al no poder acceder a documentos oficiales.
Llamado a acciones internacionales
Ante la falta de mecanismos de justicia internos, el grupo de expertos recomendó que Estados lleven a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
Peralta explicó que Nicaragua continúa siendo parte de ese tribunal internacional, lo que abriría una vía legal para exigir responsabilidades y reparaciones.
Además, el grupo reiteró su llamado para que el régimen permita el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja para verificar las condiciones de los presos políticos y garantizar pruebas de vida.
Sin embargo, la experta afirmó que la dictadura nicaragüense no ha respondido a ninguna de las comunicaciones enviadas por el GHREN desde el inicio de su mandato.
“Hemos enviado más de una docena de cartas al gobierno de Nicaragua y nunca hemos recibido ninguna respuesta”, afirmó.
Nuevas investigaciones en curso
Peralta adelantó que el grupo de expertos continuará investigando la relación entre corrupción y represión, así como el papel de mandos medios dentro de las estructuras estatales.
Entre los próximos informes también se incluirá un análisis sobre el impacto diferenciado de la represión en mujeres, además de estudios sobre libertad de expresión y persecución al periodismo.
La experta subrayó que, pese a las limitaciones y a la falta de cooperación del régimen nicaragüense, el objetivo del grupo sigue siendo documentar las violaciones y contribuir a futuros procesos de rendición de cuentas.
“La recuperación democrática debe ser una decisión de los propios nicaragüenses”, concluyó.