El Gobierno de Costa Rica anunció la ampliación del programa “Cero Ocio”, una iniciativa que busca incorporar a personas privadas de libertad en trabajos de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos como parte de su proceso de reinserción social.
La nueva etapa del programa contempla intervenciones en escuelas, colegios, delegaciones policiales, playas, centros cívicos y otras instalaciones estatales distribuidas en distintas provincias del país.
Entre los proyectos programados figuran labores de pintura, limpieza, mantenimiento de zonas verdes y mejoras en infraestructura en el Conservatorio Castella, en Heredia; la Escuela Abelardo Rojas, en La Palmera de San Carlos; la Escuela Cocorí, en Agua Caliente de Cartago; la Escuela Enrique Pinto, en San Rafael de Alajuela; la Escuela Hernán Rodríguez, en Pérez Zeledón; y los colegios técnicos profesionales de Liverpool, en Limón, y Barranca, en Puntarenas.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública informó que se desarrollarán trabajos en las delegaciones policiales de Bagaces, San Rafael de Alajuela, Liverpool y La Isabel, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) coordinará jornadas de limpieza en las playas de Iguanita, Moín, Chacarita y El Roble.
La iniciativa también llegará a los Centros Cívicos por la Paz de Pococí, Puntarenas y Aguas Zarcas, donde los privados de libertad participarán en labores de mantenimiento de infraestructura y recuperación de áreas verdes.
Reinserción y reducción de costos
El programa forma parte de la estrategia impulsada por la administración de la presidenta Laura Fernández para combatir el ocio penitenciario y promover la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante actividades productivas y de servicio comunitario.
Según el Ejecutivo, la participación en estos proyectos permitirá a los internos adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y contribuir al mantenimiento de infraestructura pública que actualmente representa un costo para las instituciones estatales.
El Ministerio de Justicia ha señalado que el sistema penitenciario implica un importante gasto para el Estado. Solo en alimentación, el Gobierno destina aproximadamente 75.000 colones mensuales (unos 160 dólares) por cada persona privada de libertad, sin incluir los costos de seguridad, salud, infraestructura y administración.
La propuesta también contempla un esquema de distribución de los ingresos generados por el trabajo de los reclusos. De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, el 35 % de esos recursos se destinaría al sostenimiento del sistema penitenciario, mientras que el resto se distribuiría entre las víctimas de los delitos, las familias de los privados de libertad y un fondo de ahorro para cuando recuperen su libertad.
Inspirado en el modelo salvadoreño
El Gobierno indicó que el programa toma como referencia experiencias implementadas en otros países de la región, especialmente el Plan Cero Ocio desarrollado en El Salvador, donde miles de personas privadas de libertad participan en actividades agrícolas, industriales, de construcción y mantenimiento de infraestructura pública.
Las autoridades costarricenses consideran que esta nueva fase permitirá ampliar la presencia del programa en comunidades de Guanacaste, Limón, Puntarenas, Cartago, Heredia, Alajuela y la Zona Norte, consolidando una estrategia que busca generar beneficios tanto para la sociedad como para la población penitenciaria mediante el trabajo y la capacitación.