La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) reiteró su “preocupación” al Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, tal como lo expresó en una carta enviada el pasado 24 de noviembre de 2024.
La CDN insiste en que las consultas del “Artículo IV del 2024 en Nicaragua”, realizado por el FMI en noviembre pasado, no refleja adecuadamente la realidad política y social de Nicaragua, y advirtió sobre los posibles efectos contraproducentes de las reformas constitucionales que se están aprobando.
Preocupación por la criminalización de la oposición
En una carta enviada el 27 de enero, a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, la Concertación señala que “el supuesto propósito de forzar a Daniel Ortega a cumplir con las leyes y no solo publicar leyes y reglamentos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, servirán principalmente para perseguir a la oposición nicaragüense pervirtiendo los instrumentos de control tanto de la Interpol y como de la GAFI”.
“Consideramos adicionalmente que el objetivo del memorándum de la misión, podría resultar contraproducente”, expresa la misiva firmada por el secretario ejecutivo de la CDN, Eliseo Núñez Morales.
Violaciones a los DDHH
En su carta de noviembre, la CDN ya había advertido sobre los efectos negativos de la represión política sobre la economía del país.
Señaló que las continuas violaciones a los derechos humanos, como la represión a los partidos políticos y la cancelación de organismos de la sociedad civil, incluida la comunidad empresarial, están creando un clima de inestabilidad que afectará a largo plazo la Inversión Extranjera Directa (IED).
“No es posible desvincular las condiciones políticas del comportamiento económico. Las continuas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, el desmantelamiento -ahora en proceso de convertirse en constitucional- de la institucionalidad democrática, la destrucción sistemática de los partidos políticos y la cancelación arbitraria del 80 por ciento de los organismos de la sociedad civil, incluidos todos los empresariales y gremiales, más temprano que tarde, influirán negativamente sobre la Inversión Extranjera Directa (IED)”, reza la carta.
Los opositores nicaragüenses destacaron que “este ambiente de constantes violaciones a los derechos laborales y de asociación provocaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instara al régimen Ortega Murillo a cumplir con sus obligaciones internacionales, relacionadas a respetar el derecho al trabajo y al de asociación de trabajadores y empleadores”.
“La CDN considera que la nota de prensa de la misión encabezada por la señora Carare, no refleja la verdadera situación de Nicaragua, y al omitir información relevante para el desempeño de la economía, no hace justicia a la reconocida capacidad técnica del FMI”, apuntaron.
El informe del FMI, que celebra el “desempeño económico” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, omite referirse a los cambios constitucionales recientes que consolidan el control del poder en manos de la pareja.
“Nicaragua mantiene un desempeño económico robusto, soportado por políticas macroeconómicas prudentes y flujos de remesas muy sólidos. La economía continua siendo abierta y resiliente, tras haber enfrentado múltiples shocks importantes desde 2018, y en un contexto de sanciones internacionales y una reorientación de los flujos oficiales de financiamiento. El PIB real creció un 4,5 por ciento en 2023 y en el primer semestre de 2024. El índice de pobreza estimado sigue disminuyendo, pero se mantiene por encima del promedio regional”, dice el documento del FMI.
La CDN-Monteverde llamó al FMI para que considere no solo las cifras macroeconómicas, sino también la situación de los derechos humanos en el país.
“Esperamos que el análisis posterior recoja, además de la realidad visible, valoraciones de economistas independientes que permitan una evaluación más apegada a la realidad nicaragüense”, pidió la Concertación.